4 DE SEPTIEMBRE. La movilización del SAT terminó en represión policial. Diego Cañamero fue uno de los 10 detenidos.

Treinta y tres años después de que se fundara el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la situación en el campo ha cambiado muy poco, opina Diego Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la central que en 2007 aglutinó al SOC y a otros sindicatos.

El seísmo económico que ha desvencijado el modelo de sol y ladrillo, ha devuelto al campo a muchos trabajadores de la construcción y, como consecuencia, ha puesto en primera línea de calle a los militantes de este sindicato. A pesar de que últimamente la policía se ha empleado con dureza contra ellos, Cañamero anuncia más movilizaciones hasta que el Gobierno escuche lo que plantean.

DIAGONAL: ¿Cómo se llega a las protestas del 6 de septiembre?
DIEGO CAÑAMERO: El 30 de junio empezamos una marcha cuyo objetivo era reivindicar al Gobierno andaluz una serie de medidas. La primera es un fondo especial que costaría unos 5.000 millones para que los andaluces en paro tengan cuatro meses de trabajo en obras públicas. La segunda medida es que haya diez meses de subsidios para los trabajadores agrarios, ya que, como mucha gente de la construcción ha vuelto al campo, no hay jornales suficientes. Tercera cuestión: hay un requisito para solicitar el subsidio que exige 35 jornales trabajados en el campo, nosotros planteamos que por el momento se elimine este requisito.

Planteamos también que cuando el jornalero no trabaje no tenga que pagar la Seguridad Social, igual que el resto de trabajadores del Régimen General. Actualmente pagamos 83 euros al mes. Planteamos también la creación de escuelas, casas de oficio y talleres de empleo; que la gente que esté en paro tenga una prórroga de las hipotecas y que se prorroguen los subsidios y todos los sistemas de protección a aquéllos a quienes se les ha agotado. También planteamos ayudas a las cooperativas y a los campesinos pequeños para cultivo social.

Pusimos estas reivindicaciones en la mesa del consejero de Empleo, Sr. Antonio Fernández, y el de Gobernación, Luis Pizarro, el 9 de julio. Nos concentramos en la presidencia del Gobierno andaluz y, a cambio de que nos fuéramos, se comprometieron a tres puntos: que el subsidio agrario iba a llegar a diez meses, que las 35 peonadas iban a desaparecer como requisito para cobrarlo, y que el sello agrario se iba a condonar mientras estuviéramos en paro. El Gobierno nos pidió que le dejáramos 20 o 25 días para que pudieran formular esa propuesta a Madrid y para que allí las aceptasen. Les dejamos un mes y medio. Cuando hemos visto que ha pasado ese tiempo y no han puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas, hemos vuelto a la movilización. Concretamente hicimos las acciones en Córdoba, paralizando el AVE, ocupando una sucursal de Cajasur, etc. La siguiente acción fue en Málaga: entrando en el aeropuerto, también en la estación del AVE y manifestándonos en la ciudad.

D.: ¿Qué sucede en las acciones que lleváis a cabo en Sevilla?
D.C.: El objetivo era ocupar Canal Sur, que es la TV pública de los andaluces, y que oculta y manipula la realidad de esta tierra. Estamos ya cansados de que sea la prensa del morbo y de la revista, de los artistas, del rocío y de la pandereta. Queremos que cuente la verdad de este pueblo, que hable de los problemas que hay y de nuestras luchas pacíficas, por eso la ocupamos. Pero para ocuparla hicimos un simulacro, desplazamos algunos autobuses a otros lugares de Sevilla, concretamente a un lugar cerca del puente del Quinto Centenario. Cuando nos bajamos del autobús, a un kilómetro del puente, la policía tenía orden de cargar.

Pegaron a personas mayores y a niños sin ningún tipo de respeto y detuvieron a 6 personas, entre ellas a mí. Fuimos insultados, nos apreta ron las esposas de tal manera que no podíamos abrir las manos y nos cortaban la circulación. Se le dio puñetazos y empujones a la gente dentro de los coches cuando íbamos detenidos y después, en comisaría, fuimos vejados y humillados con la palabrería de la policía.

Después vino la acción en Canal Sur, unos 500 compañeros lo ocuparon para protestar, de ahí fueron expulsados a golpes por la policía. Después, algunos compañeros, al ver la detención de la primera acción, ocuparon el AVE. Allí cargan nuevamente y detienen a otros cuatro compañeros. Los llevan a comisaría donde ya estábamos los otros detenidos. Aquí estuvimos el domingo desde las 12 de la mañana hasta el día siguiente a las 17h, cuando nos pusieron en manos del juez de guardia. Hay más de 60 heridos entre los trabajadores, con golpes en el abdomen, en la barriga, en la cabeza, contusiones, hay uno que tiene la muñeca partida del porrazo que le dio la policía, a otro le dieron cinco puntos en la cabeza... Ésta es la respuesta del Gobierno del PSOE a la crisis y a la lucha pacífica de los trabajadores.

D.: ¿Cómo vive Andalucía la crisis?
D.C.: La situación en pueblos y en el medio rural es en muchos casos dramática. Hay algunos ejemplos: en Puerto Serrano (Cádiz) hace 15 días, Endesa tenía la orden de cortar la luz a 40 familias. En Bornos (Cádiz), y el Coronil (Sevilla) hay personas que han perdido sus casas, se las ha quitado el banco, porque no pagan. A diario hay colas en Cáritas, en la Iglesia, en los servicios sociales de los ayuntamientos, en la Cruz Roja, pidiendo comestibles.

Son familias de trabajadores que se han quedado en paro y no tienen absolutamente nada. En Andalucía tenemos el 25% del paro de todo el Estado. Si se cumplen las perspectivas para 2010 –se dice que el PIB va a caer un 3%–, se podría llegar a 1.300.000 parados. Esta tierra está soportando con mayor dureza la crisis, por eso el sindicato no se puede quedar de brazos cruzados, hacerlo ante esta realidad es ser cómplices, es la manera de aceptar que el Gobierno financia a los ricos y condena a los pobres. No somos un sindicato domesticado, no somos un sindicato de subvención ni de compra: somos una herramienta para defender a los trabajadores. En el momento en que no cumpla ese papel hay que aniquilarlo, porque entonces no vale.

D.: ¿Y cómo se presenta la próxima campaña de la aceituna?
D.C.: El campo es la gran fábrica sin techo, sin normas, sin contratos, y cuando la gente no tiene nada se refugian en él. Después de 30 años, todavía no existen unas normas democráticas en el campo que protejan a los trabajadores. La aceituna verde no tiene precio, porque en el campo parece que no hay precio, con lo cual los agricultores la van a dejar para aceite. Si la dejan para aceite se perderá el 50% o el 60% de los jornales, porque ese trabajo está muy mecanizado, sin embargo el verdeo aún se recolecta a mano. Si se deja para aceituna negra va a ser un palo enorme para las 40.000 o 50.000 personas que trabajan en el verdeo durante un mes o mes y medio.

Eso en el campo es mucho tiempo, más teniendo en cuenta el poco trabajo que hay. Todo el mundo no puede acogerse a esos meses de trabajo que suman la aceituna, la fresa, la naranja y el melocotón, pero hay personas que trabajan dos o tres meses al año. Eso es fundamental para la vida de jornaleros y jornaleras, que no pueden vivir con la ayuda del subsidio agrario, que es ridícula. Por eso pedimos que alcance diez meses, para que puedan soportar la situación económica.

REPRESIÓN AL SAT

“El Gobierno no puede permitir que el SOC y el SAT sigan teniendo una lucha de estas características y siempre con medios pacíficos. Ellos quieren que la sociedad se ponga en contra nuestra y quieren situarnos en el radicalismo. Por eso dicen que hemos tirado piedras, tornillos, que hemos herido a diez policías… Pensamos que esa represión va a continuar, pero somos conscientes de que no por eso debemos perder las perspectivas de la lucha”, apunta Cañamero.