Las medidas de homogeneización fiscal son las grandes olvidadas del pacto europeo para salir de la crisis, que profundiza en el recorte de derechos sociales.
El crecimiento exponencial de las diferencias entre ricos y pobres
La privatización del conflicto social
Los países de la zona euro presentarán en abril las medidas de ajuste que adoptarán para cumplir el Pacto del Euro, un acuerdo cuyo objetivo es evitar la necesidad de utilizar el fondo de rescate europeo. Aunque la idea es mejorar la competitividad y reducir posibles desequilibrios entre los Estados en materia salarial, laboral o fiscal, el pacto no contribuye a acabar con estos desequilibrios, no aporta soluciones para los problemas reales y no sirve para superar la crisis económica. Ésta es la opinión de la economista Carmen Castro, creadora de la bitácora feminista singenerodedudas. com, quien cree que el Pacto “tiene que ver con la unión política, que tiende a un modelo neoliberal, en lugar de a un modelo social”. Castro valora el saneamiento económico que se pretende conseguir ajustando los gastos al presupuesto. El problema, en su opinión, es que se quiere alcanzar reduciendo la inversión en políticas sociales y “no se dice nada de la homogenización fiscal”. Para ella, es necesario “acordar medidas de presión fiscal para las grandes rentas, gravar los movimientos de la banca y los financieros”. De otro modo, cree que se produce un penalización a las rentas del trabajo y a las políticas sociales que afecta aún más a las mujeres ya que sus rentas son peores y su situación laboral más precaria.
María Pazos, investigadora sobre Fiscalidad y Género del Instituto de Estudios Fiscales, coincide en que la política fiscal es una asignatura pendiente en la UE y teme que el pacto del euro restrinja las posibilidades de los Estados de acometer políticas sociales. Por su parte, Carmen Castro critica que el pacto del euro plantee mejorar la competitividad “como si los problemas estuvieran derivados del aumento de los salarios”. A su juicio, es una “manipulación terrible” porque los salarios no han subido en épocas de bonanza al mismo ritmo que los precios, tampoco han aumentado en épocas de crisis y “en ningún caso pueden ser el factor determinante” de la pérdida de competitividad.

Un mensaje a los mercados
Para Carmen Castro, “el tijeretazo social” dado por España es un mensaje que los políticos lanzan a los mercados financieros diciendo que están dispuestos a “tocar el Estado de bienestar”. La “lectura oculta del plan” –asegura– es que la clase trabajadora es culpable de que no se salga de la crisis. Califica esta interpretación de “perversa” porque Europa ha reaccionado rápidamente para rescatar a la banca y la forma de hacerlo ha sido inyectar dinero a los bancos a un interés muy bajo para que, después, los Estados emitan deuda pública a través del mercado financiero. Castro lamenta que se proteja así a la gran banca, las grandes rentas y los movimientos especulativos, mientras se dificulta la concesión de créditos para respaldar proyectos viables y no se habla de nacionalización de la banca como una medida efectiva contra la crisis.
En España, Carmen Castro ve positivo el anuncio de combatir la economía informal porque supondrá una mejora en los ingresos que puede revertir en más cotizaciones sociales. Asegura que en nuestro país cerca del 40% de la economía informal afecta a las mujeres y, para hacerla emerger, hace falta un “plan de trabajo coherente” que haga aflorar el conjunto de la economía sumergida, “que siempre aumenta en épocas de crisis”, agrega.
Distintos estudios avalan que si hubiera igualdad de género, el PIB en la UE y sus Estados miembros aumentaría
El Pacto contempla también un control del déficit imponiendo un techo al Producto Interior Bruto de los Estados miembro. Castro critica que se tome este índice como medidor de la riqueza de un país sin reconocer el valor que proviene del trabajo del hogar y las labores de cuidado, es decir, sin considerar que el desempeño de estas tareas también supone producción de riqueza. Incluso aceptando el PIB como indicador representativo, tanto Carmen Castro como María Pazos recuerdan que distintos estudios avalan que si la igualdad de género fuera efectiva, el PIB en la UE y sus estados miembro aumentaría, sin embargo, los estados aluden que “no hay dinero para emprender políticas de igualdad”, concluye Pazos.
El camino del Pacto del Euro
El aumento a 440.000 millones de euros del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con el que se están llevando a cabo los rescates de las finanzas de los países de la UE, es el principal titular del Pacto del Euro, aprobado el 25 de marzo en Bruselas. Con la dimisión de José Socrates como primer ministro de Portugal como telón de fondo, los 17 países de la zona euro y otros países de la UE, se comprometieron a aumentar la edad de jubilación y a vincular los salarios a la productividad. Esto se traducirá de distintas formas en cada Estado, de momento, el Gobierno español presentó las conclusiones del pacto a los principales empresarios y amplió el plazo para la reforma de la negociación colectiva para que los agentes sociales alcancen un acuerdo.
No diga Tobin, diga Podimata
A inicios de marzo, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el informe Podimata, de la eurodiputada alemana del mismo nombre. El informe de Anni Podimata expone que la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala global “mejoraría el funcionamiento de los mercados al reducir la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos mundiales y a reducir los déficits públicos”. El Parlamento Europeo se comprometió a impulsar la creación de esta tasa al menos a escala europea. En España, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó, con los votos en contra de PP y CiU, la creación de esta tasa, heredera de la que en 1971 propuso el economista estadounidense James Tobin.