El secuestro permanente de miles de niños y niñas de los brazos de sus madres, presas políticas en las cárceles franquistas, simboliza la labor que llevó a cabo la dictadura por cambiar violentamente la identidad de todo un país.

Al recuperar la democracia el silencio en torno a esos secuestros se rompió en mitad de los años ‘90 con la emisión de algunos casos relacionados en el programa de televisión ¿Quién sabe dónde?.

Algunos casos individuales se resolvieron durante estos años pero fue el sumario del juez Baltasar Garzón el que por primera vez ha llevado a un juzgado, en noviembre de 2008, ese gravísimo delito. El magistrado quiso hacer un paralelismo con el proceso argentino donde el caso de los niños apropiados fue la grieta que abrió camino a la justicia. Además, el secuestro permanente de esos ciudadanos no está recogido en la Ley de la Memoria, el marco jurídico utilizado por la Fiscalía de la Audiencia para argumentar que las víctimas de la dictadura ya tenían justicia.

En el auto de inhibición del 18 de noviembre de 2008, el juez remitió a siete juzgados territoriales la causa, entendiendo que hay indicios de delito y lleven a cabo investigaciones. Ha sido a principios de abril de este año cuando los juzgados han recibido digitalizada toda la documentación.

El derecho de alguien a conocer su verdadero origen no prescribe, igual que no lo hace el delito de secuestro, que se comete cada día en que la víctima está privada de libertad e identidad. Si la justicia cumpliera con el derecho humanitario y las numerosas recomendaciones de organismos como la ONU, perseguiría las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista. Si el Estado español fuera responsable con la jurisdicción humanitaria pondría todas las herramientas necesarias para esclarecer esos hechos. La omisión de auxilio a esas familias es gravísima y posiblemente será resuelta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde desembocarán las distintas causas que han intentado abrirse contra la dictadura.