
DIAGONAL: A más de 30 años de
la aprobación de la Constitución,
¿cree que se debe reformar?
JOSÉ ANTONIO MARTÍN
PALLÍN: Por razones de incumplimiento
yo no tocaría ningún artículo.
Por razones de actualización, sí.
Se hizo una Constitución saliendo
de 40 años de dictadura. Muy pocos
países han sufrido este fenómeno.
Ni Alemania ni Italia tardaron tanto
tiempo en vencer a Hitler y
Mussolini, con ayuda extranjera,
claro está. Tardamos 40 años en derrotar
al Franquismo y aún sigue intacto.
Me preocupa que el
Franquismo esté tan arraigado en
muchas capas de la sociedad.
En la Constitución hay que cambiar
aquellas cosas que no se pudieron
cambiar entonces, por ejemplo
la forma de Gobierno. La monarquía
ha ejercido su papel. No propugno
su derrocamiento, sino suscitar
un debate. También hay que
reestructurar el caos que se produjo
con las autonomías, el famoso café
para todos. Estamos ante un Estado
federal pero no constitucionalmente
federal.
D.: ¿Qué supuso la Ley de Amnistía?
J.A.M.P.: Se utilizó como una operación
quirúrgica para romper con
el pasado, pero muchas veces las
operaciones supuran.
En abril de 1977 se firman los tratados
internacionales sobre derechos
civiles. La Ley de Amnistía, de
octubre de 1977, emplea una terminología
insólita en el marco del derecho
internacional. Habla de ‘delitos
de intencionalidad política’. Ese
concepto no existe. Mientras, el artículo
10 de la Constitución se refiere
a los tratados internacionales firmados
por España y ninguno habla
de delitos de intencionalidad política.
Son crímenes contra la humanidad
o crímenes de guerra.
La amnistía fue una vergonzante
transacción, que no una transición,
con las fuerzas de la dictadura que
querían un cheque en blanco. Eso
no ha pasado en ningún país. Nos
hemos convertido en los adalides
de la jurisdicción universal:
Pinochet, Scilingo, Guatemala, etc.,
y cuando los jueces viajamos a
Latinoamérica tenemos que recibir
el mismo reproche: “Ustedes tanto
presumir de jurisdicción universal y
su país ha vulnerado completamente
lo que predican”. Otros van más
allá: “¿Es que se creen ustedes que
son los colonialistas de estos países?”.
D.: Hemos asistido a un recorte de
la jurisdicción internacional en el
Estado español, ¿ le preocupa?
J.A.M.P.: Sí. Ha habido un recorte.
Una vuelta a la extraterritorialidad
de la ley penal, eso es del siglo XIX.
La Jurisdicción Internacional había
dicho con sencillez, al darnos la razón
en el caso de Guatemala, que “o
es universal o no es universal”. Eso
vale para todos los casos y lugares.
Las Cortes son soberanas y ellos sabrán.
Pienso que detrás se esconden
intereses económicos, no sólo
en Palestina, también en China con
las multinacionales que hay implantadas
allí.
D.: ¿Por qué cuando Garzón intenta
investigar el Franquismo es acusado
de prevaricación?
J.A.M.P.: Es una patología alarmante.
El caso de Garzón está en mi sala,
y se están aplicando conceptos
ya superados como la prescripción
o la amnistía española, al margen
del Pacto Internacional de
Derechos Civiles, que España ha incumplido
de forma clamorosa. Los
jueces españoles, nos guste más o
menos, tenemos que aplicar los tratados
internacionales por imperativo
legal.
D.: Hay denuncias sobre el robo de
niños en el Franquismo a madres
con y sin filiación política. De estos
últimos se ha hablado menos pero,
¿deben ser juzgados los culpables?
J.A.M.P.:Sí, claro. Es un tema delicado,
tiene muchas aristas. Es un
crimen que se persiguió en
Argentina y que se debe restituir.
Había que ‘redimir a esos niños’, llevarles
al ‘redil’. Las teorías de
Vallejo Nájera están ahí escritas
mal que les pese a algunos.
Arrebatar los niños en su momento
histórico fue un crimen contra la
humanidad.
D.: ¿Cómo es posible que tras 70
años miles de personas sigan en las
cunetas y gran parte de la judicatura
se niegue a recuperar los cuerpos?
J.A.M.P.: Alemania declaró la nulidad
absoluta de las leyes y los juicios
nazis. Aquí familiares de víctimas
han pedido la nulidad por la vía
de la revisión de los consejos de
guerra franquistas. La respuesta de
la Sala Quinta de lo Militar del
Tribunal Supremo ha sido desestimar
la revisión con un argumento
que viene a decir que no se observa
ninguna ilegalidad, porque se aplicó
la ley vigente. La legalidad franquista.
Si a un juez alemán se le ocurre
hoy no anular un juicio porque
la legalidad vigente era la nazi, lo
echan de la carrera y tiene problemas
penales.
D.: ¿Es usted un magistrado raro?
J.A.M.P.: Sí. Cada vez más, tengo la
sensación de serlo. Bueno, hay mucha
gente en la misma línea.
"El derecho penal debe luchar contra el cambio climático”
D.: Siempre se ha mostrado preocupado por el medio ambiente, ¿Por qué?
J.A.M.P.: Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en una forma de delincuencia. Unos producen un daño directo e inmediato, otros a largo plazo. La preocupación por reprimirlos de forma penal surge a partir de la catástrofe de Bhopal (India), que causó 30.000 muertos. Después, Chernóbil, un crimen como el de la bomba atómica.
También hay conductas menos espectaculares que día a día dañan el medio ambiente. Por eso, es necesario utilizar el derecho penal para luchar contra el cambio climático: emisión de gases contaminantes a la atmósfera, a los acuíferos; el urbanismo desenfrenado.
D.: ¿Quienes son los verdaderos piratas de la pesca?
J.A.M.P.: Desde el punto de vista medioambiental se están esquilmando los caladeros, pero este debate no justifica asaltar un barco. La pesca no se ha tratado suficientemente ni en la UE ni en la ONU. Además, hay otros factores, como la sobreexplotación, el depósito de sustancias radioactivas en las costas de Somalia, etc.
D.: ¿Se podría aprovechar la crisis para repensar el modelo de sociedad?
J.A.M.P.: En el urbanístico es incuestionable. Muchos pueblos se han convertido en algo parecido a un monumento funerario. Las casas están vacías y llenas de rejas.
La ocupación de primeras líneas de playa con edificios de ocho y nueve plantas ha sido un disparate. Se debe pagar penal y económicamente. La crisis demuestra que este ritmo insaciable ya no se puede seguir. Sería el momento de hacer una deconstruccion sostenible. Pero en este país no pasa nada, no se derriba ningún edifico, salvo que sean casas de pescadores.