CADENA HUMANA contra la “ordenanza cívica” de Barcelona, en diciembre de 2005./Guillermo Valle

La presentación del borrador del informe final sobre prostitución de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer el pasado 20 de febrero muestra la discrepancia entre los grupos políticos sobre la regulación laboral de esta actividad, la protección de derechos de quienes la ejercen y la lucha contra las mafias de explotación sexual. El informe, recibido con agrado por los grupos abolicionistas, ha decepcionado a los colectivos de prostitutas porque “reafirma la vulneración de derechos”.

El texto desaconseja regular la prostitución porque contradice los artículos 9 y 14 de la Constitución Española, que aluden a la promoción de la igualdad de las personas y la no discriminación, y los derechos laborales. Según el Colectivo Hetaira en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, estos artículos “sirven para recomendar justamente lo contrario, la necesidad de acabar con la discriminación que sufre este sector de trabajadoras por ofrecer servicios de carácter sexual”. Gemma Nicolás, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona (OSPDH) y autora del Informe sobre Vulneración de Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Barcelona, remarca que “el artículo 9.2 habla de remover los obstáculos a la igualdad y la libertad. En un sistema en que la ciudadanía plena se obtiene a partir de los derechos laborales, a ellas se les niega la calidad laboral de su trabajo, por lo que se aumentan los obstáculos”.

El Grupo Socialista coincide con la ONU al contemplar la prostitución como explotación sexual, aun con el consentimiento de la víctima, a lo que se suman el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU). IU-IC y ERC piden garantías sociales, laborales y de seguridad para quienes ejerzan la prostitución de forma voluntaria. El PSOE quiere crear una red integral de atención a las víctimas y planes que ofrezcan alternativas; que los medios de comunicación rechacen financiarse con publicidad de prostitución y sensibilizar contra la mercantilización de las mujeres, partiendo de que “no se puede hacer una ley de igualdad con una asignatura en bachillerato y que esos mismos jóvenes sepan que pueden comprar a una mujer para hacer sexo”.

Según Marcela Torres, del servicio de atención sociosanitaria a trabajadoras del sexo Àmbit Dona, “en nombre del feminismo y de la lucha contra la esclavitud se sigue invalidando la opinión de las mujeres que venden un servicio sexual, no se venden ellas”. La Comisión de Trabajadoras del Sexo del Colectivo de Transexuales de Catalunya recuerda que “la prostitución no es exclusiva de género alguno, aunque exista una mayoría de mujeres que la practican” y que “hasta ahora, las únicas manifestaciones públicas de trabajadoras del sexo han sido para pedir respeto a su opción frente abolicionistas, proxenetas y una Administración que las tratan antidemocráticamente al desposeerlas de su criterio”. El PSOE considera que prostitución y trata de mujeres están íntimamente ligadas y propone desarrollar el plan nacional contra la trata que ultima el Ministerio del Interior; la Ley de Testigos Protegidos y el uso de la prueba anticipada para ampliar la protección de las víctimas. ERC reclama distinguir entre prostitución y trata, tal como vienen reivindicando las organizaciones de prostitutas, que aluden al informe de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de 2004 y su propio trabajo de campo para reafirmar que el 80% de migrantes que vienen a ejercer la prostitución no lo hacen bajo coacción.