JULEN ARZUAGA. Abogado de Behatokia, Observatorio Vasco de DD HH.

DIAGONAL: ¿Qué impresiones sacaste de las sesiones?

JULEN ARZUAGA: En principio la delegación española comparecía tras la inasistencia de la sesión anterior, en 2002, y sin ningún paso positivo en las recomendaciones que el Comité había hecho en 1996. Así, quiso justificarse por ciertas actuaciones, ocultando la práctica tras un discurso técnico, distante. Sin embargo, los expertos, además de conocer bien la situación, mostraron cierto hartazgo al ver que si se han dado pasos, han sido hacia atrás, como por ejemplo en el caso de la incomunicación. Habían pedido acortar el plazo y se encuentran que, en 2003, la ley fue reformada para ampliarla con otros ocho días de prisión incomunicada. Por eso ya no piden que se recorte la incomunicación, como lo hacían en su anterior informe sino que, directamente, se suprima.

D.: ¿Las políticas aplicadas en el País Vasco se reflejan en las recomendaciones?

J.A.: Sí, la situación vasca aparece sobre todo vinculada a la violación de derechos en el marco de la lucha antiterrorista. El informe no sólo aborda la cuestión de la tortura bajo incomunicación, si no que, además, y es una novedad con respecto a informes anteriores de la ONU, se refiere a otras cuestiones, por ejemplo, sobre derechos políticos. El propio Comité remitió una pregunta que textualmente decía: “¿En qué medida puede el Estado parte justificar las violaciones a la libertad de opinión y de expresión en el País Vasco?”.

Posteriormente, sus recomendaciones denuncian directamente el “alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo” y en esa línea pide que se revise la legislación al respecto y la interpretación que de ese concepto hace la Audiencia Nacional (AN). Concretamente dice que “las acciones judiciales ante la AN por delitos de asociación o colaboración con grupos terroristas podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación”, para después criticar el secreto de sumario, la falta de una instancia superior... cuestiones que señalan directamente a casos como el de Haika-Segi, el 18/98, contra el Movimiento Pro Amnistía y otros tantos que están por llegar. Este informe hace recuperar la perspectiva, tras años de una lamentable utilización del concepto de ‘terrorismo’, siempre más extenso, siempre más amplio.

El Comité ha emitido recomendaciones rotundas y categóricas. Creo que es una inestimable herramienta de trabajo para quienes reivindicamos que se den pasos en la garantía de derechos básicos, que se actúe para demoler un Estado de excepción no declarado.