POBREZA CERO. Cerca de 50.000 personas se juntaron en Madrid el pasado 26 de junio para pedir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para “luchar contra la pobreza”. La presencia de representantes del PSOE y el PP y de los líderes de los sindicatos mayoritarios dio un toque institucional a una jornada de protestas seguida en todo el mundo. // Enrique Castro

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, a finales de 2004 el 48% de la cantidad que otros países deben al Estado español estaba generada por los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos concebidos para favorecer la expansión internacional de las empresas españolas y para fomentar políticas de desarrollo en los países empobrecidos. Este porcentaje supone más de 4.700 millones de euros de un total de 9.800 millones que debían hasta el año pasado al Estado español las economías subordinadas.

Diversas campañas de ONG y movimientos sociales llevan años denunciando el uso de los FAD como parte de la política española de cooperación. Pese a que el nuevo Plan Director de Cooperación para el periodo 2005-2008 fue visto como un avance por parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD) y otras organizaciones, la persistencia de los FAD volvió a ser, no obstante, motivo de críticas y reservas sobre la posibilidad de un cambio real en la cooperación española.

Mal precedente

El modo en que se ha concedido la ayuda a los países afectados por el tsunami ha aumentado estos recelos; de los 50 millones de euros destinados por el Estado español como ayuda humanitaria, sólo dos millones se han enviado como donaciones. El resto representa una parte significativa de los créditos FAD que se concedieron en 2004: 48 millones de un total de 602. Rápidamente las organizaciones de solidaridad alzaron la voz por este préstamo, por ser una herramienta generadora de deuda externa y además ligada a los intereses comerciales de las empresas españolas.

Los créditos se acordaron en un momento especialmente crítico para el Gobierno: a finales de enero se presentaba el nuevo Plan Director de Cooperación, que debía distanciar al nuevo ejecutivo de las políticas de cooperación desarrolladas por los gobiernos de Aznar. Los préstamos FAD concedidos apenas un mes antes como respuesta al desastre en el sudeste asiático no eran la mejor carta de presentación para un cambio de tendencia. Además, 2005 está marcado como un año importante por la celebración de diversas campañas sociales que señalan la deuda externa como un instrumento de dominación sobre los países subdesarrollados.

Para José Antonio González Mancebo, subdirector general de planificación y evaluación de políticas de desarrollo -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores-, el nuevo Plan Director establece los FAD como un instrumento “menos discrecional”. “Ahora- ha explicado a este periódico- este instrumento está coordinado con los objetivos del Plan, y no se puede otorgar ningún FAD sin comprobar si es coherente con los objetivos de lucha contra la pobreza, protección del medio ambiente e igualdad de género”.

Lo que reclaman movimientos sociales y ONG es, no obstante, que los FAD desaparezcan como herramientas de ayuda al desarrollo. Precisamente si cumplen los requisitos arriba expuestos, los FAD pueden considerarse como parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la misma que según Naciones Unidas debería alcanzar el 0,7 % de la riqueza de los países desarrollados. El Estado español dedicó en 2004 un 0,25% para AOD, y en ella está incluida parte de los créditos FAD concedidos ese año. Para hacerse una idea, la AOD libre de deuda representó en 2002 un 0,18% del PIB, en un año en que las ayudas llegaron a representar el 0,26%.

Los FAD funcionan como un instrumento adicional para revitalizar un sector exterior español cuya aportación al Producto Interior Bruto (PIB) ha sido negativa en los últimos cuatro años. Las exportaciones siguen subiendo a un ritmo muy inferior al de las importaciones, y los créditos FAD actúan como buenos comerciales: abren contratos para empresas españolas en el extranjero, sufragados por el Instituto de Crédito Oficial con créditos blandos que luego deberán devolver los países destinatarios de la ayuda. Por ejemplo, el 65% de los créditos FAD concedidos a China en 2002 financiaron contratos con la empresa Indra, tal y como informa el Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Esta herramienta también ha sido denunciada por favorecer intereses políticos y estratégicos. A la espera de que se concreten las medidas fiscalizadoras del Plan Director, las ayudas del Gobierno han seguido hasta ahora la línea anterior, como demuestran los créditos concedidos a Iraq (por valor de más de 16 millones de euros) y a Afganistán (donde se espera superar los 50 millones de euros): en ambos casos, los fondos para la ‘reconstrucción’ se destinan a zonas donde el Estado español ha tenido o tiene intereses políticos poco compatibles con criterios de cooperación al desarrollo.