Foto: Edu León

Si te detienen y te presentan ante un juez acusado de haber cometido un delito, éste tiene que decidir, en espera del juicio, qué hace contigo. Para ello la ley prevé un abanico de medidas cautelares que van desde la prisión preventiva, que es la medida más dura, hasta la menos lesiva, la libertad provisional.

La Constitución española dice que todas las personas tienen derecho a ser consideradas inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Es decir, hasta el día del juicio, y hasta que se considere probada la acusación eres inocente y tienes derecho a ser tratado como tal. Pero, si el juez ha decidido que permanezcas en la cárcel, el día del juicio podría demorarse hasta cuatro años: la prisión provisional puede alargarse hasta dos años ampliables en otros dos. Y mientras tanto, en la mayoría de los casos, la realidad es que estarás esperando tu turno tras las rejas a no ser que consigas una libertad provisional bajo fianza, que en el caso de los extranjeros, casi nunca se concede dado el alto riesgo de fuga que, consideran, se da en estos casos.

El Estado español, que es el país de Europa con más presos por cada cien mil habitantes –pese a tener una de las tasas de criminalidad más bajas– cuenta con una quinta parte de la población reclusa en situación de prisión provisional. Es decir que de las más de 76.000 personas que se encuentran presas, en torno a 16.000 están pendientes de una condena firme. Por comunidades autónomas, Canarias se encuentra a la cabeza, con un 56,5% de presos preventivos a fecha de enero de 2010, según datos ofrecidos en su página web por el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP. Le siguen Madrid, con un 50,2%, Cataluña, con un 26%, y Andalucía, con un 21,6% de presos preventivos.

Según ha manifestado recientemente en la prensa el abogado y magistrado excedente Javier Gómez de Liaño, uno de los principales profesionales que viene denunciando esta situación desde hace tres décadas, “algo falla en la justicia española, y algo de ese algo quizás sea la escasa prudencia y la no menos mesura de algunos jueces en el uso de la prisión provisional… la superficialidad con que se decreta y mantiene de modo incondicional, es decir, sin posibilidad de eludirla mediante otras medidas cautelares alternativas”. No hay que olvidar que los presos preventivos habitualmente padecen más intensamente el encarcelamiento que los culpables penados, ya que los centros de preventivos suelen ser los de peores condiciones, más viejos y masificados, con menos actividades de reinserción social, laborales o culturales.

Además, su encarcelamiento es total, sin permisos de salida, sin actividades exteriores, y sin ningún otro beneficio penitenciario [ver recuadro]. Los preventivos, según estudios realizados, tienen un índice de suicidio más elevado que el resto. En un momento en que el hacinamiento de los presos –en algunos centros concebidos para mil reclusos rozan los 2.000– se ha convertido en uno de los principales argumentos para justificar, por parte del funcionariado penitenciario, que en las cárceles españolas no se cumpla la Ley Penitenciaria, se olvidan otras medidas alternativas a la cárcel. En el Estado español, donde no existe un equivalente a un control de calidad de las resoluciones que dictan los jueces, se está abusando de la prisión preventiva desde hace años, resultado de la alarma social y del populismo punitivo. Según denuncia Gómez de Liaño existen “juzgados de Instrucción con más de cien y hasta 200 presos preventivos”.

Criterios arbitrarios
En este caso, el argumento económico también pesa a favor de utilizar más las alternativas al encarcelamiento preventivo: mantener a una persona presa en el Estado español cuesta de media 54,79 euros al día. El presupuesto global para prisiones en 2010 es de casi 1.250 millones de euros. Las medidas alternativas a la prisión, entre ellas, el arresto domiciliario, el control electrónico, el confinamiento en un territorio, las órdenes de alejamiento o la comparecencia periódica ante las autoridades, tan sólo supondrían tres euros por persona y día aproximadamente. Hace unos meses, un informe galardonado con el II Premio de Investigación en Derechos Humanos que otorga la Generalitat, obra del abogado Eduard Ibáñez [ver entrevista], estimaba, basándose en diferentes estudios parciales y en la comparación de ciertas estadísticas, que “entre el 20% y el 50% de las personas que son encarceladas provisionalmente en España son exoneradas o absueltas. En el caso de las personas que son detenidas policialmente, la cifra podría rondar también el 50%”. El informe concluía afirmando que la ley española sobre la materia está lejos de respetar las garantías penales y procesales propias de un estado de derecho y da pie a su aplicación en base a “criterios arbitrarios” por parte de los jueces.

Según denuncia la asociación de familiares de presos, Afaprema, “un caso puede terminar con una sentencia muy diferente según el juez que te toque, o incluso puede variar el que una persona pueda empezar o no en la cárcel".