“Aún queda camino y hay que soldar primero la absolución, hasta que sea firme e irrecurrible”, insiste Martxelo Otamendi, puesto que las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la ultraderechista Dignidad y Justicia sospesan presentar recurso ante el Supremo, a pesar del varapalo de reprobación y la crítica explícita que la misma sentencia les dedica. En caso de prosperar el recurso, el caso Egunkaria tendría hoy tres frentes abiertos. En el Tribunal Supremo, para ratificar o modificar la sentencia absolutoria. En la Audiencia Nacional, la pieza separada del denominado ‘sumario financiero’ y donde están acusados de nuevo Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Txema Auzmendi, junto a Joxe Mari Sors, Ainoa Albisu, Mikel Sorzabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena. El tercer frente judicial abierto, en diversas instancias judiciales, es el relativo a las denuncias por torturas interpuestas por cinco de los detenidos.

Sumario financiero: ¿archivo?
Respecto al segundo sumario judicial, donde la acusación popular solicitaba 235 millones y 184 años de cárcel para 8 personas, la absolución decretada en el primer juicio abre la puerta a un cambio de instancia judicial. Al caer la acusación de “terrorismo” del sumario principal, es más que previsible que la causa sea remitida y derivada a la Audiencia Provincial guipuzcoana o a los juzgados de Tolosa, por una de supuesto delito económico. Aunque se da la doble circunstancia de que se trata de un procedimiento abreviado y de que las acusaciones particulares –Hacienda Foral de Gipuzkoa, ya retirada, y Gobierno Vasco, en vías de hacerlo– van a retirarse por no observar delito alguno. Sólo quedaría entonces la acusación popular de la AVT. Según la doctrina Botín, sin acusación fiscal ni acusación particular, en el marco de un procedimiento abreviado, se archivaría la causa.

Una vez superados los trámites del Supremo y el itinerario del ‘sumario financiero’, será el momento de plantear los términos de la reparación, restitución e indemnización que se derive del cierre de Egunkaria. La AVT, de forma alarmista, la ha cifrado en 60 millones.

La impunidad de la tortura
Las cinco denuncias interpuestas por torturas han sufrido un via crucis judicial de menosprecio, falta de investigación y silencio. Ninguna de las personas que han denunciado torturas ha sido citada por instancia judicial alguna, a excepción de Iñaki Uria, que casi sentó en el banquillo a cuatro guardias civiles en los juzgados de Donostia. Pero la Fiscalía consiguió, en abril de 2008, trasladar el juicio a Madrid –ahí se cometieron los malos tratos–, donde fue archivada sin más dilación. Similar carpetazo han sufrido las denuncias de Xabier Oleaga –pendiente de resolución ante el Constitucional– y las de Txema Auzmendi y Xavier Alegría, perdidas y extraviadas tras ser reiteradamente archivadas.

La interpuesta por Martxelo Otamendi, en cambio, llegó a Estrasburgo hace dos años, donde espera ser admitida a trámite. Esta tiene más visos de prosperar, ya que el Estado español fue condenado en 2004 por no investigar las denuncias por torturas interpuestas por 15 independentistas catalanes [ver página 15]. La reciente sentencia de la AN reconoce explícitamente la verosimilitud y credibilidad de la denuncia de Otamendi y la falta de eficiencia en su custodia judicial. Gracias a ello se incrementan las posibilidades de que Estrasburgo condene al Reino de España en el caso Egunkaria. Mención especial merece el caso de Joan Mari Torrealdai. No fue hasta 2008 cuando, sobrepuesto al dolor de la tortura y cinco años después del cierre, rompió su silencio y admitió las torturas sufridas, en una declaración hecha pública por la radio y televisión autonómica.