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SEQUÍA EXTREMA. En el Cuerno de África pone en peligro la vida de millones de personas

La crisis económica y financiera ha barrido el objetivo de no superar el límite de 2º centígrados de aumento en la temperatura global de la agenda política y mediática de Durban. La cumbre, que comenzó el 28 de noviembre y se ha prolongado hasta el 9 diciembre ha dejado claro que las prioridades de muchos gobiernos firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han cambiado. La mayoría de Estados han reducido notablemente gastos para energías renovables o medidas de eficiencia energética. En 2010 el aumento de la temperatura media global registró valores récord en todas las regiones del globo, así como los principales gases de efecto invernadero, cuyo origen fue ocasionado por el actual modelo agro-urbano-industrial capitalista.

Se batieron también nuevos récords de concentración en la atmósfera desde la época preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sólo las emisiones de dióxido de carbono –representan el 64% de los agentes que influyen en el cambio climático– aumentaron el año pasado un 5%, fundamentalmente por la combustión de energías fósiles, a pesar del momento de recesión económica.

Durban se perfila como un choque de paradigmas entre quienes creen que el mundo necesita un sistema climático multilateral basado en la ciencia y en la justicia, y quienes procuran desmantelar el régimen climático internacional conocido como Plan de Acción de Bali. Esta Hoja de Ruta, firmada en 2007 por los 192 países integrantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, acordaba llevar a cabo negociaciones para garantizar que los países llamados “países desarrollados” o “países del Anexo I” (que incluyen la UE, Rusia,Canadá, Japón,Australia, etc.) adoptaran un segundo periodo de compromiso para reducir emisiones conforme al Protocolo de Kioto a partir de 2013; EEUU asumiría compromisos similares conforme a la Convención; y los países del “Sur”, que incluyen países emergentes como India, China y Brasil iban, a cambio, a reducir emisiones con el apoyo financiero y tecnológico de los países del Anexo I y EE UU.

Pero en la cumbre sudafricana un puñado de países, entre los que destacan EE UU, Canadá, Japón y Rusia, quieren desmantelar estas reglas que les obligan a reducir sus emisiones, y pasar la carga a los emergentes como China, India, Brasil o Indonesia, por razones de competitividad comercial y económica. EE UU y otros gobiernos en Durban buscan reemplazar los acuerdos de Bali con un “compromiso y revisión” voluntario que podría tardar hasta 2020 en implementarse. La Unión Europea, como en pasadas citas, aplica tácticas dilatorias. Al mismo tiempo buscan mantener y ampliar los mecanismos de mercado surgidos en Kyoto para crear nuevos mercados de “economía verde” para las corporaciones multinacionales.

Foto: Friends of the Earth International

Como en anteriores cumbres, uno de los puntos calientes de Durban ha sido la decisión para renovar el Protocolo de Kyoto, que a pesar de sus deficiencias, es el único instrumento legal vinculante para obligar a los países más contaminantes como España a reducir sus emisiones, evitando un vacío tras el vencimiento de los primeros compromisos de ese pacto, a finales de 2012. La propia Agencia Internacional de Energía –que ha privilegiado el uso de los combustibles fósiles durante décadas– fija 2017 como la fecha “sin vuelta atrás” en los intentos para evitar que la temperatura del planeta aumente dos grados.

El estilo imperio

El 50%de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero proceden de dos países, EE UU y China, y ninguno está dispuesto a asumir reducciones adicionales de las emisiones. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, para tener una buena posibilidad de mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C —un objetivo que no garantiza la seguridad—las emisiones anuales deben reducirse en 12 gigatoneladas (Gt) para 2020. En Copenhague (2009) los países del Sur se comprometieron a lograr reducciones de más de 5Gt, sin embargo, los países industrializados ofrecieron una reducción de sólo cuatro gigatoneladas. Desde el movimiento por la justicia climática se demanda una reducción de 14 Gt para lograr un calentamiento inferior a 1,5° C.

En vista de lo alejados que están los compromisos de reducción de las emisiones en los países más contaminantes, queda claro que las negociaciones no han ido por buen camino. En este contexto, se comprende la posición común del Grupo de los Países Africanos, de los Países Menos Desarrollados (LDC) y el grupo Alba (Centroamérica y Caribe) que exigen a los países del Anexo I, los que más contaminan, un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto y la reducción de emisiones de al menos 40% en 2017 y el 95% en 2050, respecto a los niveles de 1990.

Uno de los temas en el que se ha mantenido abierta la posibilidad de acuerdos, es el debate sobre la financiación climática que los países más industrializados se comprometieron –de forma vinculante– a transferir a los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática. En Copenhague y Cancún se acordó una financiación climática de 30.000 millones de dólares USA entre 2010- 2012 y 100.000 millones anuales a partir de 2020. Pero no están garantizados ni el origen ni la forma de implementar esos recursos. Tal como recogía el informe del Comité de Transición para el Diseño del Fondo Verde para el Clima presentado en Durban, “el Fondo tendrá una línea de financiación para el sector privado que le posibilite financiar directa e indirectamente actividades del sector privado”. Lo que podría desviar los escasos recursos financieros para el clima hacia subvenciones al sector privado para propuestas que interesan en Wall Street y la City.

Desde el movimiento por la Justicia Climática se plantean medidas demás calado como la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras, así como impuestos sobre la emisión de dióxido de carbono, y muy especialmente al transporte marítimo (bunkering) y aéreo. El objetivo es detener la aplicación de falsas soluciones tales como el comercio de carbono, la privatización del suelo, el agua y los bosques a través de los mecanismos REDD+, la geoingeniería, que permite el secuestro y almacenamiento del Carbono, la energía nuclear, las mega represas, los agrocombustibles industriales o el llamado “carbón limpio”. Es por todo esto que el movimiento ecologista está embarcado en la lucha por una arquitectura climática internacional que se base en la ciencia, la equidad y la justicia.