Foto: Martintoy

En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.

En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.

2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.