El pesimismo que muestran los diferentes actores políticos a la hora de evaluar la situación actual del ‘proceso de paz’ en Euskadi contrasta con la esperanza que mantienen en que se resuelva satisfactoriamente. Las diferentes interpretaciones de las acciones judiciales, la lucha callejera y las últimas muestras de actividad por parte de ETA les enfrentan.
Si el pasado verano el debate político se centraba, sobre todo, en la legalización de Batasuna y sus actividades [ver Diagonal nº 37], los acontecimientos de los últimos meses lo han enfocado, sin resolver lo anterior, más hacia la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA. La primera reunión oficial entre ambas partes se celebró a principios de diciembre, mientras en el escenario político las posturas se enfrentaban cada vez más. Un desacuerdo que se ratificó entre Zapatero y Rajoy después de una reunión celebrada el pasado 22 de diciembre en la Moncloa. Una reunión que no ha mantenido con representantes de otras fuerzas políticas.
Uno de los argumentos que más repite el Partido Popular para oponerse a cualquier negociación es el robo, por parte de ETA, de 350 armas y explosivos que se produjo en el sur de Francia el pasado 23 de octubre. Tres personas fueron detenidas acusadas de ese robo. Además, el 23 de diciembre, la Ertzaintza encontraba un zulo en Amorebieta (Bikkaia) con materiales químicos que podrían servir para la fabricación de explosivos. La quema de un autobús vacío en Bilbao y otro en Donostia el mismo mes es también interpretada por el PP como otro gran obstáculo para cualquier acercamiento a Batasuna.
Las principales denuncias de la izquierda abertzale se desarrollan en el terreno judicial. El 8 de noviembre, la Audiencia Nacional condenó a Iñaki de Juana Chaos a 12 años y medio de cárcel por dos artículos publicados en Gara. Durante el juicio, De Juana mantuvo una huelga de hambre de 63 días por entender que los artículos que había escrito eran “pura crítica política”. Una huelga que reinició tras conocerse la sentencia. El 15 de diciembre, Arnaldo Otegi leía un comunicado frente a la sede del Partido Socialista de Euskadi donde denunciaba que “el proceso es inviable en estos momentos, y es responsabilidad del Gobierno español y del PSOE hacer los esfuerzos para que esas condiciones se den y sea posible un proceso democrático”.
El resto de fuerzas políticas sigue reclamando responsabilidad a la izquierda abertzale y nuevas iniciativas al Gobierno de Zapatero para salvar la crisis. Y mientras el PSOE insiste en que no se derogará la Ley de Partidos, miembros de la izquierda abertzale presentaron a mediados de diciembre su programa electoral y aseguraron que concurrirán a las próximas elecciones “dentro o fuera de la ley”.
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