DE UNO A OTRO CONFÍN. El buque pirata Maya V (en la foto), cuyo dueño era español, fue apresado por la armada australiana el 23 de enero de 2004 cuando se encontraba pescando en zonas prohibidas. Tras las detenciones el rastro de los propietarios de los buques suele diluirse y el proceso judicial contra ellos no se realiza. / Ecocéanos

Son calificados como ataúdes flotantes, cambian de bandera y de nombre, sus tripulantes son contratados en forma engañosa en Suramérica, África, Asia y Europa del Este, usan puertos con escasa fiscalización, las empresas propietarias son fantasmas y su objetivo es el valioso bacalao de profundidad o merluza negra que en los mercados de Norteamérica, Europa y Japón alcanza elevados precios. Son los nuevos piratas pesqueros del siglo XXI que funcionan en un viciado pero complejo sistema internacional manejado desde Galicia. Durante más de una década han estado operando desde Panamá, Belice, Uruguay, Chile y otros países de África y Asia sumando millonarias ganancias.

Decenas de embarcaciones de este sistema pirata han sido apresadas por autoridades navales francesas, australianas, inglesas y sudafricanas cuando se encontraban pescando en zonas prohibidas. En las detenciones, el sistema logístico en tierra opera rápidamente para tratar de bloquear toda conexión entre el buque pirata y los dueños reales.

La mafia gallega

Después de una década todos los informes de organizaciones ecologistas y de la prensa han vinculado a empresarios gallegos con estas ilícitas operaciones. La lista es larga, pero siempre está encabezada por los campeones de la pesca pirata: Florindo González Corral, Florindo González Otero, Antonio Vidal y su hijo Toño (Manuel Antonio Vidal Prego), y Jesús Puente; todos gallegos que dirigen las empresas Bajamar, Pesqueras Piñeiro y Armadores Vidal Sociedad Anónima (Arvisa), respectivamente. Estas empresas son la cara visible y permanente de estos ciudadanos comunitarios españoles, porque durante más de 10 años han armado y desarmado empresas “maletín” con nombres como Pesca Cisne en Chile, Navalmar en Uruguay, Pac Fish en Panamá, Ocean King en Estados Unidos, Thalasa en Islas Mauricio y otra decenas de compañías que nacen y mueren sin dejar rastro para las investigaciones judiciales.

“Negocios son negocios”, dicen en Galicia, mientras cuentan los dólares obtenidos ilícitamente en un complejo sistema de pesca y luego de comercialización. Según un reporte de la organización ambientalista estadounidense NET, cuando en 2003 Australia capturó al buque pirata Viarsa 1, propiedad de Vidal Armadores, las 85 toneladas de bacalao que llevaba en sus bodegas fueron valoradas en un millón de dólares.

Organizaciones sindicales estiman que cerca de 2.000 tripulantes chilenos están aún embarcados en este tipo de buques. Así quedó demostrado a principios de septiembre con el apresamiento, por parte de Australia, del buque Taruman. El cónsul chileno en Sydney, donde fue llevada la embarcación y la tripulación, confirmó que había tripulantes chilenos, ucranianos y peruanos, pero que la oficialidad y el capitán eran españoles. Según el sindicato de tripulantes de Punta Arenas (Sitonrers), el Taruman antes se llamó Polar Prince y Jackeline.

Los tripulantes chilenos son conectados por particulares que tienen extensas listas de marineros a los cuales se les ofrece un sueldo de 800 dólares mensuales más otro porcentaje según las capturas qué realicen. Cuando los tripulantes se embarcan pierden todo contacto con sus familias y no saben en que lugar de alta mar están navegando, pues no tienen acceso a la información de cabina. De más está decir que los contratos de estos navegantes son ilegales y en las embarcaciones no son respetados sus derechos laborales ni humanos. Sitoners dice que los tripulantes chilenos se embarcan porque las pesquerías en el país fueron sobreexplotadas por la gran industria y miles de pescadores quedaron sin trabajo.

La detención del Taruman se produce cuando Australia, Nueva Zelanda y Chile han comenzado negociaciones para la constitución de una Organización Regional Pesquera en el Pacífico Sur, con lo cual esta situación de la pesca ilegal ya no está siendo considerada como “un problema de empresas privadas”, como lo señalaban anteriores autoridades pesqueras chilenas, sino que es un caso que atenta contra la gobernabilidad de los mares del sur y pone en alto riesgo los ecosistemas marinos y la vida de las tripulaciones.

En 2002 el centro Ecocéanos junto a la agrupación Amur, de sobrevivientes y familiares de las víctimas del buque del mismo nombre que naufragó en el Océano Índico, enviaron cartas a la Embajada de España en Chile y al Ministerio de Exteriores, pero ambas respondieron que esta situación era un problema de privados.

En agosto de este año, volvieron a enviar cartas a la Embajada española, la cual, vía el ministro consejero Pedro Martínez-Avial, sustituto del embajador español, respondió “que enviaría estos antecedentes a su Gobierno en España y que la Embajada estaba dispuesta a recibir más datos acerca de este tipo de situaciones”.

ONG de medio ambiente, organizaciones regionales de administración pesquera y gobiernos preocupados por combatir la pesca ilegal afirman que además de todas las acciones judiciales en marcha, aún falta la voluntad de los gobiernos, especialmente del Estado español, por fiscalizar mejor a sus ciudadanos y empresas.