Tras borrar las fotografías de la cámara de este fotoperiodista de DIAGONAL, el dispositivo policial de control de identidad de migrantes ha sido trasladado de Alto de Extremadura a Lucero, como refiere el propio Olmo Calvo. “¿Qué pasa? ¿Nos estás siguiendo?”, le saludaron los mismos agentes al verle llegar a las inmediaciones de la estación de metro. En esta ocasión, no pudo hacer fotos. A la misma hora, y en otra estación de Metro de Madrid, la de Lavapiés, cuatro policías de paisano realizaban controles a migrantes en los andenes, el mismo lugar, donde unos meses antes dos agentes requisaron la tarjeta fotográfica de Edu León cuando fotografiaba uno de estos controles. En el primer juicio que se ha producido esta semana por estos hechos, la fiscal ha pedido su libre absolución.

Según distintas informaciones, durante este fin de semana se lleva a cabo el Operativo Hermes, un ensayo coordinado en la Unión Europea de controles de identificación y expulsión de personas sin papeles. Más allá de esta supuesta prueba piloto, estos controles son habituales en el Estado español. Y denunciados por decenas de colectivos sociales, “fijate hay unos tipos con chalecos reflectantes que nos persiguen y no nos dejan trabajar”, explicaba esta mañana uno de los agentes policiales a Calvo mientras procedía a borrar las fotografías que había tomado. Este policía se refería al trabajo de denuncia que realizan las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos “para rechazar los controles policiales de identificación y redadas masivas de detención dirigidas contra las personas inmigrantes”, según explican en su página web.

“Un agente de la autoridad no puede quitar la tarjeta o la cámara a un fotógrafo. Es totalmente ilegal, sólo lo podría hacer un juez”, puntualizaba Lluis Salom, secretario de organización del sindicat de l’imatge catalán UPIFC, en el último número de DIAGONAL sobre los ataque que diferentes fotógrafos han sufrido por parte de agentes de la autoridad últimamente. Además, Salom recordaba que cualquier policía, como funcionario, mientras realiza su trabajo públicamente puede ser fotografiado. Eso sí, los agentes insistían en quitarle las fotos, puesto que según ellos éstas “podían acabar en manos de la izquierda abertzale”, según denuncia Calvo, y que si le quitaban su equipo no respondían sobre cómo sería tratada en dependencias policiales.