Conforme a los acuerdos de la cumbre europea sobre la crisis económica del 9 de diciembre, que el presidente francés ha calificado tan rimbombantemente de “refundación de Europa”, el déficit fiscal de cada país miembro no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública tampoco debe superar el 60% del PIB.

Esas limitaciones no son nuevas. Los acuerdos del 9 de diciembre, sin detrimento de otras valoraciones específicas adicionales, tienen de nuevo que la Comisión Europea y el BCE actuarán de controladores sobre la disciplina presupuestaria –mediante sanciones y otras imposiciones– para que ningún Estado miembro se desvíe de las limitaciones mencionadas.

Según estimaciones de la Comisión Europea, para 2012 casi ninguna economía de la UE cumplirá con los dos criterios de austeridad

¿El objetivo? Se declara que las políticas económicas de todos los miembros deben converger. ¿Lo previsible? Las ya muy asimétricas proporciones económicas entre unos miembros centrales y otros periféricos seguirán creciendo.

Según proyecciones y estimaciones de la propia Comisión Europea, resulta que para 2012 casi ninguna economía de la UE cumplirá con ambos criterios del 3% de déficit fiscal del PIB y del 60% de deuda pública.

Así, para poner como casos significativos solamente a las grandes economías, Alemania tendrá para el año próximo una deuda pública superior al 81% del PIB; Francia, de más del 89%; Italia, de más del 120%; y el reino de España de un 74%.

Esta cumbre no partía de un escenario novedoso. Ya llevamos tres años largos de crisis económica y muchos meses de medidas económicas que, a falta de la posibilidad de una devaluación monetaria, eufemísticamente llevan el nombre de “devaluación interior” –es decir, reducción del gasto público, preferentemente el social, y pérdida constante de los salarios reales–.

La cumbre del 9 de diciembre ha sido una de las mayores agresiones a las condiciones de vida y trabajo de la población de los Estados europeos

No solamente las medidas hasta ahora practicadas no han supuesto un cierto enderezamiento de los problemas que se trataba de combatir, sino que éstos se han agravado.

Veamos. Cada vez se destruyen más inversiones productivas y se crea más desempleo. Como resultado, cada vez se perciben menos ingresos públicos. Las constantes recetas se traducen en mayores planes de austeridad,mayores ‘disciplinas’ fiscales, mayores ataques en definitiva a las condiciones de trabajo y de vida de la población trabajadora. Lo que a su vez conlleva mayores tasas de desempleo, mayores índices de pobreza, y menos inversiones.

¿Y en el reino de España? El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, declaró después de dicha cumbre que en 2012 no se crearía empleo; por otra parte, distintos servicios de estudios coinciden en que se entrará en recesión en ese mismo año; el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo, declaraba el 14 de diciembre que “se está produciendo una recaída de la actividad en medio de un contexto exterior y financiero adverso”.

¿Qué supondrá la cumbre del 9 de diciembre ante esta situación? Mayores agresiones a las condiciones de vida y trabajo de la población trabajadora y mantenimiento o agravación de la crisis económica por bastante tiempo. El Gobierno del PP entra con fuerza en los temas demandados por la banca y la patronal españolas. Para empezar, una nueva reforma del mercado laboral que augura renovados ataques a la población trabajadora.

Escribíamos con Antoni Domènech y Gustavo Buster en Sin Permiso hace pocas semanas que la situación económica y social del reino de España es especialmente grave. Por los altísimos niveles de paro y por la pobreza que, inevitablemente, está creciendo de forma muy acelerada.

La crisis pilló al reino en una situación que solamente puede comprenderse si se tiene presente la política económica practicada ora por el PP, ora por el PSOE a lo largo de varios lustros, cuyos resultados resumíamos así: duradera congelación del salario real y empleos de poca calidad; servidumbre por deuda de la población trabajadora; sobreendeudamiento de las empresas privadas del sector productivo; sobreendeudamiento de la banca española con la banca privada internacional; débil desarrollo del Estado del bienestar en relación con la media de la zona euro, que se acumula al largo déficit en gasto social en relación con Europa heredado de la dictadura; estancamiento de la productividad laboral; fuerte déficit comercial, sólo comparable entre los países miembros de la OCDE al de EE UU; aumento exponencial del coste de la vivienda y, en general, de la vida –que destruye inexorablemente la competitividad exterior de la economía española–, como resultado de una política económica fundada esencialmente en la inflación de activos; completa hegemonía de la economía por parte de rentistas inmobiliarios y financieros; creciente destrucción y puesta en almoneda del sector público y de los bienes comunes mediante privatizaciones que no han sido sino compras, apalancadas en el crédito barato, de activos públicos –incluidos los restos de banca pública y las cajas de ahorro–, a precio de saldo, trocando progresivamente lo que era y tenía que ser satisfacción pública de necesidades sociales en negocio oligopólico, y derechos esenciales –como el acceso a la información, al crédito, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía, al transporte, etc.– en mercancías innecesariamente encarecidas.

Pero, como queda dicho, lo más catastrófico: la gran precarización laboral y el inmenso desempleo, del cual cerca de un 50%es paro juvenil.

Hablar de alternativas es difícil porque ineludiblemente deben tenerse en cuenta muchos factores: los Gobiernos actuales, las disposiciones de resistencia por parte de las clases trabajadoras, el ascenso de las organizaciones xenófobas, etc.

Pero a modo de ejemplo, las propuestas que el Bloco de Esquerda de Portugal hace ante la situación de la UE me parecen muy saludables. Resumidamente son: referéndum para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre las políticas de austeridad; una intervención inmediata del BCE como prestamista en última instancia de los Estados, comprando las emisiones de títulos de deuda que sean oportunas; eurobonos que sustituyan a las distintas deudas soberanas; cambio directo entre deudas públicas de corto y medio plazo de los diferentes Estados europeos, fuera de los mercados financieros; retirada inmediata de las deudas soberanas del sistema de calificación de las agencias de calificación y auditoría ciudadana de la deuda, porque “el pueblo tiene el derecho de no pagar deuda que provenga de intereses especulativos, de contratos ilegales o perjudiciales, y tampoco de encargos insoportables”.