Recientemente el abogado David Maeztu recordaba en su blog que la Ley de Propiedad Intelectual establece la gestión colectiva obligatoria de los derechos de autor en este país, se licencie con o sin licencias libres –licencias que como mínimo posibilitan la libre distribución y copia de contenidos a través de la red–. Esto en la práctica significa que aunque un autor decida compartir y distribuir sus obras a través de la red y con la modalidad de licencia libre que él elija, las entidades de gestión existentes pueden recaudar en su nombre, quiera él o no quiera y lo que es peor, aunque no sea socio de ninguna. Grupos musicales como Kerobia o Tarántula reclaman públicamente que las entidades de gestión no recauden por un repertorio copyleft que no es suyo y por unos autores que no son socios de su entidad, quedándose además lo recaudado como derechos anónimos.

Para la SGAE anualmente hay un 15% de derechos recaudados que determina como anónimos, lo que según la Agencia de Evaluación de Calidad (AEVAL), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas son unos 50 millones de euros aproximadamente. La SGAE no hace nada para identificar esos derechos anónimos, a diferencia de otras entidades de gestión, como CEDRO, que realiza una búsqueda activa de los derechos anónimos a repartir. El tema de la SGAE y los derechos anónimos se hace especialmente sangrante, ya que éstos en teoría se traspasan a la Fundación Autor para formación, promoción y asistencia social, y presuntamente se han malversado en la trama inmobiliaria de la Red Arteria, uno de los puntos candentes de la instrucción que el juez Ruz está realizando desde la Audiencia Nacional para investigar el desvío de fondos en la SGAE.

Algunos activistas han lanzado recientemente una propuesta que recoge también parte de los planteamientos que se lanzaron desde el FCFórum. La propuesta habla de la creación de una nueva organización, a caballo entre una entidad de gestión y un sindicato, para creadores/as que sólo quieran utilizar licencias libres en sus diversas modalidades (todo el repertorio sería de libre distribución y copia en la red). Una entidad de gestión porque tendría la capacidad de recaudar o bien reclamar a las entidades de gestión el dinero que se están quedando como derechos anónimos, y que son en realidad obras libres de autores que no son socios. Y un sindicato porque no podrían estar presentes las editoriales (eso sucede en la SGAE), se financiaría por cuotas, y donde las y los afiliados tendrían cobertura y asesoramiento legal gratuitos. La forma de funcionamiento sería asamblearia, una persona afiliada un voto (en la SGAE menos del 10% de los socios pueden votar y sólo unos 300 sobre unos 90.000 pueden presentarse a las elecciones) y todo el repertorio sería público, accesible y consultable sin restricciones, al contrario de lo que sucede con las bases de datos de las entidades de gestión.

IMPUESTO PARA CREADORES

I.G.R.
Un impuesto que grave los soportes digitales. Ésta es la propuesta que lanza Richard Stallman, creador del proyecto GNU y uno de los referentes del movimiento del software libre, para sustituir al canon digital. Según Stallman, una agencia pública se encargaría de recaudar ese impuesto y de redistribuirlo entre las y los creadores, a partir de criterios más amplios que el porcentaje de ventas, para fomentar la cultura y las artes. En el reparto quedarían excluidos los intermediarios, como editoriales o discográficas.