100.000 PERSONAS TOMARON COPENHAGUE. El 12 de diciembre se produjo la marcha más multitudinaria en el contexto de la cumbre. Entre los 27 bloques destacó el organizado conjuntamente por las redes Climate Justice Now! y Climate Justice Action bajo el lema “Cambio de sistema, no al cambio climático”, en la que participaron activistas de La Vía Campesina, Jubileo Sur o la Caravana Comercio al Clima entre otros muchos. / Foto: Kris Krüg

Dos semanas de negociaciones de la 15 Conferencia de las Partes (COP- 15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático han creado un escenario político que permite, al menos, dos reflexiones. Primera: ha fracasado el “multilateralismo”, basado en la dominación de las grandes potencias geopolíticas como Estados Unidos y la Unión Europea, y crece el número de países que ya no se dejan chantajear por el G-7 o el G-20. Se encuentra en peligro el carácter multilateral de la Convención Marco de la ONU y la participación igualitaria de todos los países del mundo. Segunda, se ha evidenciado que la lucha contra el cambio climático sólo es viable a partir de un cambio del sistema económico y resulta esencial desarrollar enfoques alternativos a las políticas climáticas hasta ahora dominantes.

Los mayores emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) per cápita, EE UU y la UE, no mostraron ninguna voluntad para comprometerse a reducir sus emisiones de acuerdo con las exigencias científicas (40% de reducción para 2020, según las emisiones de 1990). “En una conferencia diseñada para limitar la emisión de GEI, se ha hablado muy poco sobre reducción”, concluye la red Justicia Climática Ahora, en su valoración sobre la cumbre: “Los países enriquecidos continúan retrasando la puesta en marcha de reducciones drásticas mientras desvían la carga de la responsabilidad a los emergentes y no pagan tampoco las reparaciones por los daños causados en todo el mundo”.

Especialmente en los últimos días de la cumbre de Copenhague, EE UU reunió a un grupo reducido de países para sacar adelante un texto, plagado de términos vagos, que no especifica cifras de reducción de emisiones para los países industrializados, ni siquiera un objetivo global de reducción de las mismas. Sin embargo, una vez que alcanzaron la redacción conjunta del texto, lo presentaron como el Acuerdo de Copenhague, aunque no había sido llevado al Plenario para que se aprobara por el resto de países. En consecuencia, los países del ALBA –liderados por Bolivia–, Sudán y Tuvalu rechazaron el documento, ya que no incluye una cifra de reducción de emisiones para los países desarrollados.

Otro punto de conflicto ha sido el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en 2ºC, que el Acuerdo recoge como objetivo para estabilizar el clima, a pesar de que más de cien países habían mantenido que es necesario un objetivo de 1,5º C para evitar los peores escenarios en África, los pequeños Estados insulares y las regiones cercanas a montañas con glaciares.

El documento final habla de un “compromiso de los países desarrollados para proveer recursos nuevos y adicionales”, sobre todo en relación a evitar emisiones de la deforestación y degradación de bosques, algo que, según los grupos ecologistas, va a convertir los últimos ecosistemas naturales en espacios privatizados para el mercado de carbono y de inversiones. Según el texto, a partir de 2020 se pretenden movilizar 100.000 millones cada año para los países empobrecidos, provenientes de “una amplia variedad de fuentes: públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluyendo fuentes alternativas de finanzas”. Para los ecologistas esta medida entraña una nueva especulación financiera en los mercados internacionales de comercio de carbono y la generación de nuevas deudas ilegítimas.

“Irresponsables e hipócritas”
La cumbre ha sido conducida por los intereses propios de cada país y por soluciones comerciales como el impulso a los agrocombustibles, que los grupos ecologistas consideran creadores de enormes impactos socio- ambientales. Josie Riffaud, representante del movimiento mundial de agricultores La Vía Campesina dijo: “Tenemos que cambiar la manera de producir y consumir, y eso es lo que no se ha discutido en la cumbre oficial. Los gobiernos de los países industrializados y en proceso de industrialización no están dispuestos a enfrentarse al modelo de desarrollo que ha creado el desastre económico y ambiental”, añadió.

La sensación que ha dejado la cumbre entre estos grupos es que EE UU se ha burlado del mundo, especialmente de los países más vulnerables, evadiendo su responsabilidad y diciendo –palabras más, palabras menos– que “todo el mundo tiene que asumir su parte”. Así, el Gobierno de Obama ha dinamitado el sistema de la ONU: en la COP-15 se ha instaurado el modo de negociación en grupos de países selectos, una estrategia habitual en la Organización Mundial de Comercio.

La posición de la UE ha sido calificada como “irresponsable e hipócrita”, dado su apoyo al llamado Acuerdo de Copenhague que, ni es legalmente obligatorio, ni resuelve la necesidad de financiación de las medidas para la supervivencia en los países más afectados por el calentamiento global.

La presidencia danesa de la COP- 15 también fue objeto de duras críticas. El primer día presentó un borrador que no había sido discutido previamente y apostó por reuniones secretas y cerradas, algo que generó desconfianza entre muchos países. Asimismo, excluyó a la mayoría de la sociedad civil acreditada de las negociaciones en la segunda semana de la cumbre. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que participaron en las reuniones llevadas a cabo en el Klimaforum, denunciaron que los observadores de las ONG “han sido reprimidos duramente cuando sólo cumplían con su compromiso social”.

Reparar la Deuda Climática
Una de las demandas más escuchadas, tanto en las protestas y el Foro Alternativo, pero también en la sede de la cumbre oficial, fue la exigencia a los países industrializados de reparar su deuda climática con el Sur Global. Según Jubileo Sur, una red internacional por la abolición de la deuda externa, “la deuda climática es lo que los países del Norte (países del Anexo 1 del Protocolo de Kioto), corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales deben a los pueblos del Sur, por ocupar con sus emisiones de GEI más espacio en la atmósfera del que les corresponde, y generar un problema en los países del Sur que ellos no han creado, y del que, sin embargo, sufren los peores efectos”.

Los defensores del concepto de la deuda climática enfatizan que las reparaciones deben incluir cortes drásticos e inmediatos de las emisiones de GEI como forma de dar espacio atmosférico a los países en desarrollo, así como la financiación del coste total de las medidas de supervivencia y requerimientos de mitigación de los países en desarrollo.

Los ecologistas exigen, además, que de esta financiación sean excluidas entidades como el Banco Mundial. Milo Tanchuling, de Freedom from Debt Coalition Philippines, considera que “la financiación no debe tomar la forma de créditos y otro tipo de deudas que crean instrumentos responsables de miseria y pobreza”, y defiende que esta financiación se produzca a través de fondos públicos, libres de condicionantes e imposiciones.

Para estos grupos, la Deuda Climática no debería pagarse con impuestos o contribuciones tomadas de compensación por las emisiones de carbono, ni mediante proyectos que involucren Mecanismos de Desarrollo Limpio u otras actividades que violen los derechos de las personas, o que sean destructivas para el medio; es decir, aquellos mecanismos que sólo dan más falsas soluciones ante la crisis climática.

MATAR KIOTO

18 años después de la Cumbre de Río no se ha frenado el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero, a pesar de que el Protocolo de Kioto obligaba a los países industrializados a una reducción del 5% para el período 2005-12. Kioto fue descafeinado y debilitado por la presión de EE UU, que finalmente no ratificó el texto. En Copenhague, EEUU y la UE querían “matar Kioto” para eliminar la “responsabilidad diferenciada” y el carácter obligatorio del acuerdo de 1997.