El anuncio por parte de Alianza Nacional (AN) de celebrar un “homenaje al obrero español” en Zaragoza durante el 1º de mayo pasó desapercibido a la mayoría de los habitantes de la ciudad. La Delegación de Gobierno había autorizado una marcha convocada por ese partido en Conde Aranda, principal arteria comercial del barrio de San Pablo, popularmente conocido como ‘El Gancho’, una zona humilde del casco histórico, con mayoría de población trabajadora e inmigrante. Así pues, ningún comerciante magrebí u oriental, latinoamericano o africano, de los muchos que regentan tiendas en esta avenida, pudo informarse en prensa, radio o televisión locales sobre el ideario político de la organización convocante: AN propugna la segregación de los ciudadanos según conceptos plenamente inspirados en la doctrina nazi, incita abiertamente al odio racial y defiende el “derecho de sangre” como criterio para la obtención de un empleo o cargo público. Quizás entonces se hubiera podido pensar que el acto autorizado por el delegado del Gobierno, Javier Fernández, estaba más próximo, en su intención, de convertirse en una caza del inmigrante que en una reivindicación normal en el Día del Trabajo.

Sin embargo, este evento no pasó desapercibido para la Plataforma Zaragoza Antifascista, surgida tras el 20 de noviembre de 2008. En la Plataforma participan diversas entidades ciudadanas y colectivos sociales con el fin de rastrear las actividades de carácter fascista, racista y homófobo en Zaragoza, ciudad que en los últimos años se ha convertido, con ayuda de la permisividad institucional, en punto de encuentro de distintos grupúsculos ultraderechistas, tanto estatales como europeos.

Mientras se intentaba por la vía legal la prohibición de la concentración de AN, la Plataforma dio una rueda de prensa el 28 de abril para informar a la población de la gravedad del mitin ultra y denunciar la pasividad de Delegación ante una manifestación de xenofobia, cuya apología es constitutiva de delito en el Código Penal. Como resultado se redactó un manifiesto al que se fueron adhiriendo entidades muy diversas, desde asociaciones de vecinos o de inmigrantes hasta partidos políticos y sindicatos. Pocas veces se pueden encontrar documentos firmados por un espectro ideológico tan amplio en la izquierda de los movimientos sociales, y con voluntad de ser algo más que una declaración de buenas intenciones. Efectivamente, ante la alarma social generada por la Plataforma, y a pesar del silencio mediático e institucional, el delegado del Gobierno prohibió en el último momento la convocatoria neonazi, si bien esta forma de proceder casi garantiza que un recurso de AN les otorgue el permiso a manifestarse de nuevo en poco tiempo.

A pesar de esta medida, los líderes de AN, Íñigo Pérez de Arreusti y Pedro Pablo Peña, invitaron a sus afiliados y simpatizantes a mantener el acto previsto. Ante tales noticias, gentes del barrio, preocupadas y comprometidas con el antifascismo, decidieron salir a la calle ese 1º de mayo para arropar a los inmigrantes y disuadir, con su presencia, cualquier tentación de violencia o expresión de odio racial por parte de AN. Un fuerte dispositivo policial tomó el barrio y estableció un cordón de seguridad que permitió a los neonazis abandonar la zona para poder seguir con la parte lúdica de su jornada (comida en un céntrico restaurante de la capital y posterior concierto de grupos ultras), mientras se impidió la libertad de movimiento a activistas y periodistas, con identificaciones y retenciones arbitrarias, y el uso apabullante de la fuerza. El balance final: cuatro personas detenidas y decenas de heridos, con las responsabilidades judiciales y políticas aún sin cerrar.

Hasta aquí el relato de otra jornada de enfrentamiento entre neonazis y antifascistas, de poco interés para los medios de comunicación de masas si no les proporciona impactantes imágenes de destrucción urbana y dramáticas agresiones. Pero detrás de esta crónica de sucesos hay interesantes signos que merecen ser puestos en un primer plano.

Presión ciudadana
Es la presión ciudadana, canalizada a través de la Plataforma, la que ha obligado a las autoridades y a los medios de comunicación a ocuparse de un caso claro de apología del racismo. En un contexto de crisis económica y aumento del desempleo, los partidos fascistas están mutando su tradicional discurso empleando una retórica obrerista pseudo-revolucionaria para captar a jóvenes. Es aquí donde hay que actuar contra los fascismos de la “tercera vía”, desactivando el atractivo que puedan presentar en una población con escasa conciencia de clase y nula memoria histórica.

Para ello, la Plataforma elabora diversos proyectos, como las charlas en colegios e institutos para promover valores de convivencia y solidaridad e identificar actitudes fascistas en la vida diaria. La intención es mostrar que la amenaza de la ideología fascista no es sólo un problema cuando se manifiesta en comportamientos violentos sino que su presencia ‘normalizada’ en la vida pública atenta contra los principios fundamentales en que se basa una sociedad auténticamente libre y democrática.

El trabajo de resistencia antifascista no sólo ha de ser aplicado para dar una respuesta antagonista en casos de urgencia, como éste, sino que ha de ser considerado como una realización cotidiana y continua, de acercamiento a las redes de inmigrantes, de cooperación con los diversos movimientos sociales, sin pretensiones de protagonismos ni monopolios identitarios. Sólo así se puede ganar la lucha antifascista simultáneamente en las calles de nuestros barrios y en las cabezas de sus habitantes.