CAMPESINOS. La población civil en la selva sufre las consecuencias de la guerra entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Foto cedida por comunidad de paz.

Urabá es una región del noroeste colombiano, cuya riqueza y privilegiada situación geográfica han sido, paradójicamente, su desgracia. Sus recursos naturales, unidos a que es paso obligado para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, han provocado la disputa de los grupos armados por su control.

A esto se añade el interés del Estado colombiano y grupos empresariales por despejar la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá y la prolongación de la carretera panamericana. Hasta la segunda mitad de los ‘90 la violencia política provocó unas 2.000 muertes al año. A partir de 1997, el ejército, comandado por el general Rito Alejo del Río, coordinado con los paramilitares, inició la pacificación a sangre y fuego. Las principales víctimas fueron –y son– la población civil. Los campesinos se vieron envueltos en el fuego cruzado entre ejército, paramilitares y guerrilla, al tiempo que sufrían las presiones de estos mismos grupos para que se pusieran de su lado.

Hartos de padecer todo tipo de agresiones, en marzo de 1997, los campesinos de San José de Apartadó se constituyeron en comunidad de paz, un mecanismo de resistencia civil –posteriormente adoptado por otras comunidades– que implica no admitir en su territorio a ningún grupo armado y el compromiso de sus 1.220 habitantes de no colaborar con ninguno de ellos. La guerrilla empezó a dejar de hostigarles, pero militares y paramilitares consideraron su neutralidad como complicidad con la insurgencia. En estos 13 años la comunidad ha seguido resistiendo, pero ha sufrido 197 asesinatos (20 atribuidos a la guerrilla). El último crimen se produjo el pasado 9 de febrero: dos paramilitares mataron a Fabio Manco.

Terrorismo de Estado

En febrero de 2005 fueron asesinados, a garrotazos y machetazos, ocho habitantes de San José. La brutalidad de esta matanza provocó una fuerte reacción internacional, que ha llevado a procesar a diez militares y varios paramilitares. Pero en ningún caso se ha juzgado a los autores intelectuales, algo que propicia que se mantenga esta estrategia de muerte.

Un mes antes de la masacre, Luis Eduardo Guerra, líder y fundador de la comunidad, explicó a una comisión organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia los riesgos que corrían: “Hasta el día de hoy estamos resistiendo. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos”. El 21 de febrero de ese año el cuerpo de Guerra y otros siete más aparecieron descuartizados. Numerosos pobladores acusaron a los soldados de la Brigada XVII y a los paramilitares. El desmentido del Gobierno colombiano fue tan rápido como falso.

El presidente Álvaro Uribe afirmó: “En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. Poco después se adoptó como versión oficial la declaración de un presunto desertor de las FARC, que manifestó que la matanza fue una venganza de la guerrilla porque dos de los asesinados querían abandonar sus filas. Sin embargo, cinco años después, varios oficiales y paramilitares confesaron que la masacre se cometió en el transcurso de una operación conjunta, supervisada por el general Mario Montoya, ex comandante del ejército destituido en 2008 al descubrirse los primeros casos de civiles asesinados por soldados para hacerlos pasar por guerrilleros. Ahora, Montoya es embajador de Colombia en la República Dominicana.

Aquel 21 de febrero, un grupo de paramilitares asesinó a Guerra, a su compañera –Bellanira Areiza, de 17 años– y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Al mismo tiempo, otro escuadrón integrado por paramilitares y militares mató a Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Milena Muñoz y Alejandro Pérez. Un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de seis años, y Santiago Tuberquia, de dos.

Un paramilitar declaró que el oficial no tuvo misericordia, pese a que éste le propuso hacerse cargo de los niños. El capitán dijo que “no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y se daba cuenta de lo que estaba pasando”, recuerda el paramilitar.

Actualmente, la comunidad vive en San Josesito, el nuevo pueblo que construyeron después de que la Policía llegara a San José. Quieren seguir reivindicando su neutralidad en medio de la guerra sin renunciar a denunciar el terrorismo de Estado y a buscar una salida pacífica y negociada al conflicto.

La última lista de personas para ser ejecutadas

El 16 de noviembre de 2009, el conocido paramilitar Wilfer Higuita detuvo a un campesino y le mostró una lista de personas de San José que iban a ejecutar, entre los que figuraban varios líderes de la comunidad de paz. A pesar de que la comunidad lo denunció públicamente y ante las autoridades colombianas, el día 29 de ese mismo mes asesinaron a Luis Arnelio Zapata, el primero de la lista. El pasado 9 de febrero mataron al segundo: dos paramilitares encapuchados ejecutaron a Fabio Manco. Desde que en 1997 se creó la comunidad, 197 de sus habitantes han sido asesinados.

El acoso también se extiende a quienes apoyan a San José. Jorge Molano, el abogado que ejerce la acusación por la masacre de 2005, tiene su móvil intervenido y su oficina y domicilio están siendo vigilados por civiles en una clara actitud intimidatoria.