Como está ocurriendo con otros tantos servicios públicos, los que tienen que ver con la atención a personas drogodependientes también están sufriendo unos recortes brutales. Un total de 11 pisos de los 18 que existen en Madrid (con una media de ocho residentes en cada uno) serán cerrados próximamente.

En total se perderán dos tercios de los pisos de residentes, unidades de desintoxicación y comunidades terapéuticas con las que contábamos hasta ahora. En nuestro caso, estos recortes se unen a un cambio de política que tiende a abordar de un modo clínico un problema social. La excusa de la actual crisis económica ha contribuido a acelerar y agravar este proceso. En los últimos tiempos hemos asistido a la progresiva medicalización de los tratamientos, viendo cómo las personas que acudían a ellos pasaban de ser consideradas usuarias o residentes a ser tratadas como ‘pacientes’, con una visión que ignoraba toda su problemática psicosocial y las convertía en meras receptoras de medicación.

En este contexto aparecen las historias clínicas, que dejan de lado los aspectos socioeducativos prescindiendo de la figura del trabajador social y dejando todo el peso a los informes médicos. Así, las figuras de médico, psiquiatra y psicólogo clínico están eclipsando cada día más a las de trabajador social o educador.

Nos inquieta percibir cómo cada vez más los problemas sociales se combaten en sus síntomas, abusando de la medicación, en lugar de incidir en sus causas de fondo. También nos preocupa el peso que en este cambio de enfoque están teniendo los intereses de las farmacéuticas.

Queremos reivindicar la importancia del trabajo socioeducativo como forma de reincorporar a la gente a una vida en sociedad en condiciones de igualdad, frente a unos tratamientos que parecen estar pensados sólo para tapar un problema molesto. Así, hemos estado asistiendo al desmantelamiento progresivo de la red que cubre a estas personas: la reducción paulatina de los tiempos de tratamiento, la penalización de los abandonos y ahora el cierre inminente de gran parte de los recursos residenciales. Una de las últimas decisiones de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid ha sido el cierre de comunidades terapéuticas en febrero.

Parece que estas comunidades van a ser sustituidas en un futuro indefinido por un macrocentro de día clínico en el que desaparecerán los educadores sociales. No tendrá cabida entonces el trabajo socioeducativo que se realiza ahora, fundamental en el empoderamiento de las personas y la reconstrucción de sus vidas.

En muchos casos, la adopción de estas medidas supone que habrá personas que volverán a encontrarse en situación de calle. La Comunidad de Madrid parece haber dejado en un segundo plano a los que dice querer reinsertar mientras que las empresas gestoras callan a la espera de recibir algún nuevo proyecto.