Según Jonathan Shefftz, un economista financiero formado en el Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, quien elaboró un informe sobre el enriquecimiento injustificado de la Chevrón- Texaco, “el dinero que [la petrolera] no gastó en una tecnología adecuada para evitar el impacto ambiental, lo invirtió, con lo que llegó a obtener ganancias de alrededor de 37.860 millones de dólares”.

De igual manera se manifiesta Pablo Fajardo, un abogado de los afectados de la Amazonía Norte. Fajardo cree que “si Chevrón hubiese realizado una operación responsable en la Amazonía ecuatoriana no hubiesen muerto miles de personas con cáncer, ya que la petrolera estaba obligada a reinyectar el agua tóxica y no arrojar desechos contaminantes ni en el suelo ni en el agua. Chevrón ahorró mucho dinero a costa de la vida de miles de ecuatorianos y hoy no quiere reconocer el crimen cometido ni su ganancia ilegitima por eso trata de corromper el proceso judicial”.

“La desaparición de biodiversidad no se puede contar en dinero, no hay reconstrucción ni reparación posible”

“El juicio contra la Texaco- Chevrón nos demuestra que es posible cuantificar parte de los daños, y que, además, es posible judicializarlos, pese a las presiones de las empresas transnacionales”, indica el académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y excanciller del Ecuador, Fander Falconí.

“Pero otros daños ambientales no son cuantificables. La desaparición de biodiversidad no se puede contar en dinero, no hay reconstrucción ni reparación posible. Hay valores que no tienen precio”, concluye Falconí. Alberto Acosta, otro académico de la misma facultad, quien ejerció como presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, señala otra vertiente del conflicto, “en el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de operadores de la compañía en contra de mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social”.

CRUDO. La familia de Alejandro Soto vivía cerca de cinco piscinas de petróleo. EDU LEÓN

Un mal negocio para Ecuador

Para Joan Martínez Alier, catedrático de la Universitat Autónoma de Barcelona y uno de los padres de la escuela de economía ecológica, existe un claro trato discriminatorio en este tipo de actuaciones. “Es notorio que a BP se le ha obligado a depositar una fianza de 20.000 millones de dólares para hacer frente a una parte de las responsabilidades que deberá afrontar. Nada parecido se hizo con la Texaco cuando abandonó Ecuador hacia 1990”. Según este académico catalán, “el desastre del golfo de México, que costó la vida a 11 trabajadores de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en mayo del 2010, ha sido y es noticia en todo el mundo porque afectó las costas de un país rico y poderoso. En cambio, en muchos países empobrecidos ocurren casos de contaminación parecidos desde hace décadas y no merecen tanta atención de los medios de comunicación, por lo menos hasta que algún juez dicta sentencia”.

Acción Ecológica, una de las organizaciones ambientales más reconocida en Ecuador, ha calculado que los beneficios para el Estado ecuatoriano por la explotación petrolera, en promedio no llega a cinco dólares por barril, debido a que el Estado paga los servicios de extracción. Según Acción Ecológica “lo que asegura este negocio es la ganancia de las empresas. Si a esto le añadimos todos los costes ambientales y sociales que no están considerados y el valor de la reparación de las zonas afectadas. Es obvio que sacar petróleo significa, se mire por donde se mire, un mal negocio para el país”.

Los beneficios para el Estado ecuatoriano por la explotación petrolera no llegan a ser de cinco dólares por barril

La Iniciativa Yasuní ITT

Para los sectores indígenas y ambientalistas ecuatorianos, la Iniciativa Yasuní ITT ha vuelto a tomar fuerza tras la sentencia contra Chevrón-Texaco, dado que se convierte en una alternativa factible frente a las lógicas extractivas en el continente. La propuesta ecuatoriana pretende mantener en el subsuelo unas reservas de 846 millones de barriles de petrolero en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. A cambio, Ecuador propone que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. A esto se le añade el hecho de que la Iniciativa ecuatoriana Yasuní-ITT pretende evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, que supondría el uso de los combustibles fósiles obtenidos de la explotación del crudo.

Para Fernando Valdivia, técnico ambiental que ha desarrollado estudios en la zona, “sacar crudo del ITT conlleva un riesgo grande; la zona es una inmensa laguna, donde cualquier derrame podría tener graves consecuencias. El crudo es pesado y su explotación supondría más desechos. Podríamos estimar que por cada barril de crudo, serían necesarios entre ocho y nueve barriles de aguas tóxicas”, concluye Valdivia.