Realizado bajo el V Programa Marco de la Unión Europea de mejora de la base de conocimientos socioeconómicos, el estudio se basa en entrevistas a 20 presas de cada Estado y las historias de vida de dos mujeres por grupo. Se escogió a mujeres a punto de acabar la condena y se las entrevistó cinco veces durante el tercer grado y después de su salida de prisión. El trabajo de campo duró dos años y medio y fue realizado por entidades que habían trabajado previamente con presas: en el Estado español, SURT (Asociación de Mujeres para la Inserción Laboral); la asociación francesa FAIRE; la italiana Antigone; y BAG-F, una coalición de directoras y funcionarias de prisiones alemanas. Las universidades de Keele (Inglaterra) y del País Vasco, y el Centro de Estudios Políticos de la Central European University Budapest Foundation (Hungría) han colaborado, y el Observatorio del Sistema Penal y Los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha ejercido de órgano consultor.

Según Marta Cruells y Noelia Igareda, de SURT, autoras del estudio en el Estado español, la radiografía de las presas y las cárceles europeas presenta rasgos compartidos. La mayoría de presas vive situaciones de exclusión social antes de delinquir debido a factores como la etnia (en el caso español, una cuarta parte de la población reclusa es gitana, según datos del Informe Barañí); la extranjería, el consumo activo de drogas, la procedencia de familias monoparentales con bajos recursos, que lleva a la búsqueda desesperada de ingresos mediante el tráfico de drogas o la prostitución; haber sufrido violencia doméstica o abusos sexuales o ser las únicas responsables económicas de su núcleo familiar. Además, las autoras señalan que “la cárcel excluye a las que no lo estaban y aún más a las excluidas” debido a la ruptura de vínculos con su núcleo familiar, lo que debilita aún más su situación socioeconómica.

En el Estado español, un 75% de las presas tiene hijos y cumple una media de condena de cuatro años, que quiebra sus familias y su autoestima por no cumplir con el rol tradicional de madres. Según Marta Cruells, la investigación alemana fue la única que no corroboró la acción excluyente de la cárcel, “algo importante porque quien la realizó fue la propia institución penitenciaria”.

Según las autoras, la cárcel daña más la salud mental de las mujeres que la de los hombres: en Inglaterra y Francia un 62% de las presas ha intentado suicidarse o autolesionarse. Se las sobremedica por razones de control, por los estereotipos de género que presentan a las mujeres como histéricas y por experiencias traumáticas previas. Apenas se diseñan programas de toxicomanías con perspectiva de género, aunque se ha demostrado que hombres y mujeres tienen diferentes pautas de consumo, y ellas reciben más estigmatización y menos apoyo para rehabilitarse. Las cárceles de mujeres están pensadas como remanentes de las masculinas y se ubican en barracones y módulos anexos. Los programas de formación no preparan para una posterior entrada al mercado laboral y se centran en actividades tradicionalmente femeninas. En 2002 y 2003, sólo trabajaba entre un 11% y un 13% de presas del Estado, la mayoría en cadenas de montaje, y cobraban la mitad del sueldo de un preso. A la salida, afrontan barreras para integrarse por la pérdida de habilidades sociales, la infantilización que supone el encierro y la falta de competencias para redactar un currículum o buscar trabajo. Con un perfil laboral de inactivas, paradas, trabajadoras temporales y parciales, a las barreras estructurales por ser mujeres se añade el estigma de la cárcel.

La descoordinación entre recursos internos y externos, la burocracia y la falta de fondos de evaluación cierran el círculo de una ‘reinserción’ a una sociedad desigual que tiene su reflejo más crudo en la cárcel. En plena etapa de aplicación del mainstreaming (perspectiva transversal) de género en todas las leyes y políticas europeas, Noelia Igareda reclama su traslado a las políticas penitenciarias. “No queremos decir que pueda haber prisiones ideales para mujeres porque las cárceles están hechas para castigar. Pero sí respetar sus derechos dentro del sistema penal, frenar la discriminación laboral, la dispersión territorial, la segregación formativa, atender sus necesidades específicas y buscar alternativas a la privación de libertad”.

LAS PRESAS... ¡EXISTEN!

El 19 de noviembre, el grupo Mujeres Transgrediendo salió a la calle en Santiago de Compostela para denunciar las agresiones sexuales que han sufrido presas de la cárcel de Langraitz (ver noticia abajo). Con la intención de “ser el espejo en la calle de lo que se oculta en las macrocárceles del Estado”, denunciaron que las mujeres presas son “las invisibles dentro de la invisibilidad, las marginadas dentro de la marginación, las pobres dentro de la pobreza”. Ese mismo día hubo concentraciones en Vitoria, Madrid y Zaragoza, en las que se exigió, entre otras cosas, el desarrollo de políticas penitenciarias bajo una perspectiva de género.