
DIAGONAL: ¿Quiénes estáis presentes
en este juicio y qué pedís?
ERLANTZ IBARRONDO: Además
de la familia, que es acusación particular,
están personados como acusación
popular el Movimiento Contra
la Intolerancia y las Asociaciones
de Vecinos de Vallecas, barrio de
donde era Carlos.
Nosotros hemos calificado los hechos como asesinato y entendemos que es difícil de rebatir, pues son indubitados y la actuación del imputado es claramente aleve. También la fiscalía y el resto de las acusaciones personadas han realizado la misma calificación. La diferencia es que nosotros y las acusaciones populares también calificamos como concurrente la agravante del artículo 22.4 del Código Penal, ya que la única razón para el ataque que sufrió Carlos era su ideología antifascista.
Pedimos una condena de 20 años de cárcel por este asesinato, más otra de diez años por la tentativa de homicidio del otro joven agredido ese 11 de noviembre en la estación de metro de Legazpi. Y tres años más por tenencia ilícita de armas, porque ha quedado acreditado –el acusado mismo lo ha reconocido– que llevaba una navaja de maniobras del Ejército, que tiene la consideración de arma peligrosa. También ha reconocido, y la policía lo recoge en su atestado, que además llevaba un puño americano.
D.: Además de Palomino otro joven
fue apuñalado. ¿Esto se va a ver en el
mismo juicio?
E.I.: Sí, también se va juzgar y también
ejercitamos nosotros la acusación
particular. Todas las acusaciones
hemos calificado este segundo
ataque como homicidio en grado de
tentativa. El acompañante de Carlos,
que intentó desarmar a Josué Estébanez
de la Hija, fue herido y estuvo
muy grave. Permaneció en la unidad
de cuidados intensivos casi 20 días
porque tenía una grave lesión en el
pulmón. Luego tuvo algunas complicaciones.
Tardó más de 80 días en
curarse y le han quedado algunas secuelas.
Todo está acreditado por un
informe del médico forense. Para
preservar su integridad es también
testigo protegido.
D.: La defensa parece querer presentarlo
como un acto de autodefensa...
E.I.: No tiene ningún apoyo legal, el
video de las cámaras del Metro es demoledor,
es imposible acreditar ninguna
otra cosa que la que hay en el
vídeo. Para hablar de legítima defensa
tendría que haber habido alguna
agresión anterior… y no hay nada,
absolutamente nada.
Hay además muchos testigos, gente del vagón, personal del metro, personal de seguridad…, que van a declarar. Pero los testimonios son para reforzar la argumentación, ya que todo está un poco supeditado al vídeo, una prueba objetiva indubitada.
D.: ¿Qué esperáis del juicio? ¿La máxima
condena, abordar responsabilidades
políticas...?
E.I.: Lo único que queremos es que
se haga justicia, pero lo justo es que
Carlos estuviera con nosotros, así
que es inviable. Por lo tanto lo que
buscamos es acreditar que el imputado
es un asesino y en última instancia
que se depuren responsabilidades
por parte del Ejército y del
Ministerio de Defensa. Si se acredita
que la navaja con la que cometió los
hechos era un cuchillo de maniobras
del Ejército, éste tiene una responsabilidad
económica y subsidiaria, entendemos
que tiene que haber un
control por su parte de su armamento
y de cómo se utiliza. Para garantizar
la indemnización que le corresponda
a la familia de Carlos –suponemos
que se va acreditar la insolvencia
del imputado– Defensa o el
Ejército deben hacer frente a su responsabilidad.
D.: Los grupos neonazis reconocen
la ideología fascista del acusado. ¿Se
podrá abordar la responsabilidad de
estas organizaciones?
E.I.: Intentaremos que se aplique la
agravante de la intencionalidad política
porque para nosotros es evidente
que la militancia antifascista de
Carlos fue el único motivo de la agresión.
No fue ni porque Carlos le cayese
mal, ni porque se conociesen de
antes, ni nada similar. Ése es nuestro
trabajo: acreditarlo en el juicio oral.
Respecto a la implicación de las organizaciones de extrema derecha, eso es una labor de las asociaciones que están trabajando en este tema para que insten a la fiscalía a que investigue a estos grupos, pero queda ajeno a nuestra labor y al juicio. El juicio es contra una persona y no una organización. Pero creo que es evidente que estos grupos consideran al asesino como un militante suyo. Es difícil argumentar que no tiene nada que ver con ellos.
D.: Será un juicio con gran repercusión
mediática...
E.I.: Lo importante es que no se desvíe
la atención y que algunos medios
de comunicación no confundan a la
opinión pública. Aquí se juzga el asesinato
de un chico de 16 años que un
11 de noviembre a las 12 de la mañana,
en vez de estar durmiendo en su
casa, estaba mostrando su rechazo a
los comportamientos racistas y por
eso murió. Los medios de comunicación
deberán decidir si prima la honestidad
o el morbo y la falacia.
El discurso dominante de ‘peleas entre bandas’ debe hacer reflexionar a todos, no sólo a los periodistas que lo mantienen, sino a los ciudadanos del común. Cada uno debe reflexionar sobre cuál es su postura, si la no beligerancia y el dejar hacer o el compromiso contra la xenofobia, el racismo y el fascismo. Carlos con 16 años lo tenía claro. Si mostrar su compromiso hace que se forme parte de una banda, esa banda está compuesta por miles de personas.
Calificar como bandas o peleas de bandas las agresiones racistas, xenófobas, homófobas o fascistas es minimizar un problema que desde hace años ha causado decenas de muertes en el Estado español: la existencia de grupos fascistas con un alto componente de violencia. Existe una permisividad respecto a estos grupos que no existe en ningún país europeo y está relacionada con la intención de minimizar sus agresiones.