“Los policías no mataron a Will, fue herido por los rebeldes”, afirmaba el 15 de noviembre de 2006 la fiscal del Estado Lizbeth Caña, y posterior candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gracias al apoyo del gobernador de Oaxaca. Desde ese momento se busca entre los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a los culpables del asesinato de Brad Will, periodista estadounidense de Indymedia que se encontraba en México cubriendo la revuelta de los maestros.
En un primer momento, los detenidos fueron cinco ‘civiles’ que comenzaron a disparar a los activistas, a quienes además se podía ver en el vídeo que grababa el propio Will. Eran cuatro policías y un guardaespaldas del presidente municipal del PRI que al mes fueron puesto en libertad sin cargos.
Dos años después, ya hay un nuevo acusado del asesinato: Juan Manuel Martínez, uno de los miembros de la Asamblea. Además, hubo otros dos detenidos que fueron acusados de encubrimiento, pero éstos fueron puestos en libertad bajo fianza. Unas detenciones que han sido cuestionadas tanto por los propios dirigentes de la APPO como por Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana; incluso en una concentración ante el consulado de México en Nueva York al cumplirse los dos años del asesinato de Will.
Tras la detención de Martínez, los amigos del periodista de Indymedia señalaron que, cuando Brad Will fue asesinado, la gente que fue fotografiada disparando armas a los manifestantes “eran policías, jefes policiales, espías y guardaespaldas del PRI”.
En esta concentración también se encontraban sus padres, Kathy y Howard, que afirmaron que la detención de los dos simpatizantes de la APPO se debe a la intención del gobierno mexicano de ocultar que “fue su propia gente” la que mató a su hijo.
¿Por qué llegan ahora las detenciones?
Después de que dispararan a Brad Will, Leonardo Ortiz y Gustavo Vilchis lo recogieron y lo apartaron de la línea de fuego. Gualberto Francisco Santiago fue el encargado de llevar al ya moribundo Brad en coche a la Cruz Roja, pero cuando llegaron al centro sanitario ya había fallecido. Y como testigos del asesinato, además de los tres anteriores, han sido llamados a declarar Miguel Cruz y Edgar Santiago.
Estos cinco activistas también son acusados de “encubrimiento” del asesinato de Brad Will, como explica Gualberto Francisco Santiago. En pocas semanas se ha pasado de no tener ningún responsable por el asesinato a haber ocho personas involucradas.
Tanto desde los movimientos sociales mexicanos como desde la familia de Will se cree que las relaciones entre EE UU y México tienen mucho que ver. El inicio de privatización de la petrolera mexicana PEMEX (en la que estarían interesadas compañías norteamericanas) y los 1.500 millones de dólares que recibiría México de EE UU si firma la Iniciativa Mérida serían los culpables de la ‘resolución’ del asesinato.
Junto a Brad Will, en aquellos días en Oaxaca murieron otras 26 personas y fueron detenidas más de 500. A las viudas del resto de asesinados, todos mexicanos, sólo se les ha concedido una indemnización, pero condicionada a que ya no hicieran más ruido. No todas han aceptado y siguen reclamando justicia. Pero todo esto ha pasado mucho más desapercibido.
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