Bolkestein sigue sin convencer

Miguel Ángel Martín Gutierrez

La denominada Directiva Bolkestein, impulsada por la Comisión Europea en enero de 2004, pretende eliminar todos los obstáculos actualmente existentes a la total liberalización de servicios en el mercado interior de la Unión, tanto en lo concerniente al establecimiento de empresas procedentes de otros Estados miembros como en la libre circulación de servicios de carácter transfronterizo. Esta directiva ha suscitado un fuerte rechazo social, sindical e incluso político, por tres motivos fundamentales: un ámbito de cobertura demasiado extenso; una severa restricción de la capacidad de las administraciones públicas para regular adecuadamente la prestación de servicios en su territorio y, sobre todo, por el denominado “principio del país de origen” (PPO). Este principio suponía la aplicación de las normas del país donde estuviera radicada la empresa y no las del país de acogida.

Este rechazo fue incluso uno de los motivos de que la ciudadanía en Francia y Holanda se pronunciara por el ‘no’ en el referéndum sobre el Tratado Constitucional y motivó que en febrero de 2005 el Parlamento Europeo votara en contra de la adopción de su versión original. Para alcanzar el deseado consenso entre los grupos políticos principales del Parlamento, el socialdemócrata Partido Socialista Europeo (PSE) y el centroderechista Partido Popular Europeo (PPE), así como la aceptación social, se han intentado ‘suavizar’ los aspectos más conflictivos de la directiva sin abandonar el principio esencial de “la libre prestación de servicios entre los Estados miembro”, buscando conciliar la apertura del mercado de servicios con el mantenimiento del modelo social europeo. Así, se excluyen del ámbito de la directiva los siguientes servicios: sanidad pública y privada, los servicios de interés general definidos por cada país, audiovisuales, “bienestar” social, agencias de trabajo temporal, farmacias, ambulancias y transportes locales; prima la legislación laboral y de seguridad social del país de acogida; y se redefine el PPO como “libertad de circulación de servicios”: el país de acogida podrá limitarlo por “razones superiores de orden público, salud pública o protección del medio ambiente“, siempre que se haga de forma “no discriminatoria, justificada y proporcionada”.

Quedan excluidos de este principio, pero no de la directiva, los servicios de interés económico general como el agua, los correos, la electricidad, el gas y la gestión de residuos. Esta propuesta fue votada el 16 de febrero, y el rodillo ejercido por PPE/DE y PSE condujo a que se aprobara con un 61% de votos a favor (procedentes en su inmensa mayoría del PPE/DE y del PSE, incluyendo el de todos los diputados españoles presentes), un 34% en contra (procedentes de los grupos de izquierda y de los socialistas franceses por demasiado liberal, así como de los grupos de derecha, por demasiado proteccionista) y un 5% de abstenciones.

El texto aprobado, aunque contiene avances sobre el original, es insuficiente, dado que se mantiene el estímulo de la competencia como regla y, en contraste, la salvaguarda de los procedimientos regulatorios constituye la excepción y debe ser plenamente justificada e interpretada caso a caso. La directiva adolece de ambigüedad en la garantía de los derechos laborales y, aunque se han excluido algunos servicios del marco de la directiva, afecta todavía a los de política social, protección del consumidor y, especialmente, a algunos servicios públicos (como los de la enseñanza, cultura y medio ambiente, que incluye el agua).

Lejos de pensar que todo ha terminado, se hace ahora perentorio mantener y reforzar si cabe la movilización social ante la revisión de la directiva por el Consejo Europeo y su posterior votación en el Parlamento. Se trata de conseguir su rechazo o las enmiendas que supongan la aplicación íntegra del principio del país de acogida, la exclusión de todos los servicios de interés general y la armonización al alza de las condiciones laborales, fiscales y medioambientales de la prestación de servicios en la UE.