“No podemos dejar la tarea de controlar las fronteras sólo a las autoridades italianas, tiene que ser un esfuerzo de toda Europa, aunque estemos en medio de una grave crisis económica”, afirmó el francés Jacques Barrot, actual comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad después de su visita al Centro de Internamiento para Inmigrantes (CIE) de Lampedusa realizada el 17 de marzo. Unas declaraciones que han dejado sin palabras a la mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que llevan meses denunciando la situación de hacinamiento, falta de asistencia y abusos que se producen a diario en el centro. Sobre todo porque la visita del comisario europeo venía motivada por la gravedad de la situación de los inmigrantes detenidos en la isla, recogida en numerosos informes, algunos de las mismas instituciones comunitarias. Según varias organizaciones, como Amnistía Internacional o Save the Children, este repentino “cambio de opinión” del comisario es debido, a parte de las obvias presiones del Gobierno italiano, a la “limpieza del centro” organizada el día anterior a la visita: comedores y dormitorios bien limpios, cuartos de estar arreglados y sobre todo 300 migrantes, muchos niños y mujeres, y todos solicitantes de asilo, trasladados a toda prisa a otros centros de la península, en un avión de la agencia de correos italiana, que despegaba en el mismo momento en el que aterrizó el avión procedente de Bruselas. Esta práctica tan poco ortodoxa, a pesar de haber sido denunciada por muchas organizaciones y diputados de la oposición, parece no haber llegado a los oídos de Barrot, que ha concluido que la situación de los migrantes en la isla es “decente, gracias también al esfuerzo de las autoridades italianas”. El comisario dijo estar dispuesto a “volver a visitar los centros cuando haya noticias de posibles abusos”.
“Un país racista y xenófobo”
Mientras, las consecuencias de las nuevas leyes sobre seguridad e inmigración empiezan a hacerse visibles. En Bari, sur de Italia, una joven nigeriana de 24 años, Joy Johnson, moría de pulmonía aguda porque, aunque enferma, no quiso acudir al hospital por miedo a ser denunciada. El Colegio Nacional de Médicos reaccionó con un comunicado en el que, además de reiterar su oposición a la ley que les convierte en delatores, prevé la expulsión automática del colegio al facultativo que denuncie a los inmigrantes irregulares que recurran a sus servicios.
Mientras, continúan las reacciones xenófobas contra los inmigrantes del Este de Europa. Tras casi un mes de prisión preventiva, las pruebas de ADN han exculpado completamente a dos jóvenes rumanos acusados de una violación. Esto no ha encontrado casi reflejo en los medios de comunicación pese a que los mismos hayan estado semanas hablando del caso y de la violencia “típica” de las personas originarias del Este. No sorprende, entonces, que un informe de la ONU, del 20 de marzo, afirme rotundamente que “Italia es un país racista y xenófobo”.
“Hay que forzar al Gobierno para que lo solucione”
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