CONSULTA POPULAR. El pueblo italiano rechazó en referéndum la política de privatizaciones. Foto: Stefano Maffei

26 millones de personas no secundaron la propuesta del primer ministro (“iros a la playa”) y han acudido a las urnas para votar cuatro consultas: de las preguntas, dos atañen al futuro del agua: con un rotundo 95%, los transalpinos han dejado claro que no quieren ni que su agua pase a manos de empresas privadas ni que se remunere, a través de los recibos, el capital invertido en el servicio. El voto referendario, que por primera vez en 15 años ha superado el 50% de participación, no ha sido sólo una bofetada al Gobierno derechista italiano. Ha sido sobre todo la victoria de años de lucha en contra de la privatización de los servicios públicos.

El camino comenzó en 2006 en la periferia de Roma con un foro de los movimientos en defensa del agua pública: allí nació la primera propuesta de ley de iniciativa popular presentada al Parlamento con 450.000 firmas. Sin embargo, los partidos, muchos de aquellos que ahora desde la oposición reivindican el resultado del voto, prefirieron olvidarse del tema y no sacar adelante la propuesta. En 2009, con la nueva ley, impulsada por el gobierno, que rinde obligatoria la privatización de los recursos hídricos, los movimientos retoman la marcha: en julio de 2010, presentan un millón y medio de firmas al Tribunal Constitucional italiano para promover la consulta del 11 y 12 de junio. El resultado del voto ha premiado sus esfuerzos.

La mala gestión privada

Con la ley sobre la privatización aprobada en noviembre de 2009, las empresas empezaban a proyectar cómo convertir la gestión del agua en un negocio rentable; las grandes transnacionales como Veolia y Suez, además de muchas empresas públicas que, en los últimos años, habían empezado a cotizar en Bolsa. Las normas indicaban el fin de la gestión pública del agua en diciembre de 2011: a partir de esa fecha, los gobiernos estarían obligados a convocar una subasta y a destinar la gestión del servicio hídrico a empresas con presencia de capital privado superior al 40%.

Éste fue el modelo que los italianos rechazaron rotundamente, en vista de los numerosos ejemplos de mala gestión privada que se ha constatado en varias provincias del país. Una ley de 1994 contempla la posibilidad de gestionar el servicio a través de compañías de capital mixto público- privado. En las 21 provincias italianas donde se ha experimentado este sistema en los años pasados no sólo los precios han subido considerablemente, sino que también se ha verificado un notable empeoramiento del servicio. El emblema de la mala gestión privada es Acqualatina, sociedad de la Italia Central participada al 46% por la transnacional Veolia, que ha llegado a aumentar los recibos hasta el 200%.

Un trago para las multinacionales

Si el primero de los referendos (sobre la gestión privada) ha roto los sueños de consejeros delegados y políticos transigentes, el segundo, que aborda la remuneración del capital invertido, ha golpeado a los empresarios donde más les duele: en sus balances de cuentas. Como consecuencia del voto popular, las compañías han tenido que bloquear 2.000 millones de inversiones.

Además, a la hora de conocer los resultados del referéndum, los analistas financieros recortaban juicios y previsiones mientras en Bolsa sus títulos se desplomaban. Según los últimos estudios, muchos de los grupos italianos del sector podrían sufrir un recorte entre el 10 y el 20% de su flujo de caja: es decir, cada empresa tendrá que enfrentarse con una perdida entre 200 y 300 millones de euros sobre lo previsto.