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El antiguo Banco Español de Crédito, antes de ser desalojado por los Mossos. Foto/ Guillaume Darribau

En Catalunya, a las puertas de unas elecciones autonómicas que implicarán un cambio de ciclo involutivo; en medio de una crisis social con su cortejo de 1,3 millones de pobres y 600.000 parados; y ante una recuperación económica y social que se prevé lenta y con dramáticos impactos sociales, la palabra de moda en Barcelona es… antisistema. Cabeza de turco o excusa permanente, el término ha copado tertulias, declaraciones públicas y alertas policiales tras una huelga general que superó las expectativas. Y los movimientos sociales han vuelto a convertirse en ariete político.

La atención mediática, focalizada en los enfrentamientos con la policía el 29-S en el centro de la ciudad, se ha aprovechado de las tesis oficiales más habituales. El Ayuntamiento ha recurrido a la manida de “los 200 violentos de siempre”, las fuentes policiales reviven el triángulo anarquista Grecia-Italia-Barcelona y los Mossos aducen la existencia de un cómplice “colchón social de 1.800 activistas sociales” que ampararía a los jóvenes de los disturbios.

Estas tesis ampliamente repetidas se han visto acompañados, en plena disputa electoral, de peticiones casi unánimes de mayor dureza y de llamamientos abiertos a una suerte de guerra preventiva contra la disidencia. Hasta tal punto ha llegado la guerra verbal que Maria Eugenia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, salió al pasó para recordar que la guerra preventiva no tiene encaje legal ni constitucional en el actual ordenamiento. Ni encaje ni concreción penal.

Hoy, excepto el ciudadano rumano Gociu B.M, en situación de exclusión social y acusado de participar en el asalto a una tienda Levi’s, no queda ninguna persona privada de libertad, a pesar de las 43 detenciones que se produjeron en Barcelona. Algunas de ellas realizadas, según testimonios presenciales, por agentes policiales que, “a dedo”, en los piquetes matinales llamaban por su nombre a los que iban a detener.

La ‘otra huelga’ invisibilizada
Y es que las versiones oficiales apenas han hablado de ‘la otra huelga’ vivida en Barcelona el 29 de septiembre, la que aunó sectores sociales excluidos del sindicalismo oficial, la que visualizó la implicación y protesta de jóvenes, mujeres o migrantes, la que tomó protagonismo en la calle. Una huelga que se hizo presente el 25 de septiembre con la espectacular toma del antiguo Banco Español de Crédito en la céntrica plaza Catalunya de Barcelona, acción que catalizó la huelga de los otros: de los precarizados, de los excluidos, de los comités de barrio... Y que visualizaba un intento compartido por recuperar los vínculos sociales y comunitarios deteriorados por la crisis, reforzar la búsqueda y defensa de alternativas sociales ante el colapso económico y financiero.

Su eco ha sido prácticamente nulo en los media. Y no por que hayan faltado voces. El histórico ex concejal de Urbanismo de Barcelona, Jordi Borja, confesó que había participado tranquilamente en asambleas y múltiples debates del banco ocupado: “ni armas ni cócteles molotov que, por cierto, tampoco después aparecieron”. Incluso un magistrado de Barcelona, presente en el banco, ha certificado a DIAGONAL que “dentro de la okupación del emblemático edificio se desarrollaron actividades y talleres de debate y formación ciudadana: fue algo de un contenido social extraordinariamente positivo”.

Un “arsenal de guerrilla”
Similar opinión refiere Clara Valverde, presidenta de la Liga de Síndrome de la Fátiga Crónica, Fibromialgia y Sensibilidades Químicas Múltiples que en una carta abierta al consejero de Interior, el ecosocialista Joan Saura, denunciaba el desalojo y relataba su participación en las actividades desarrolladas en el banco. Valverde finalizaba la misiva recordando a ICV que éstos hechos son los que le costarán el Gobierno en las elecciones del 28 de noviembre, matizando empero que nadie podrá borrar lo inscrito en las puertas del edificio ocupado: “Aquí se sueña”.

En una de las pocas grietas de la siempre monocorde La Vanguardia, Gregorio Morán también ofreció otra reflexión: “con una juventud diezmada por un paro sin precedentes y sin otra alternativa que la emigración, ya me dirán ustedes como enfocamos esto de los antisistema. ¿Quién fue el ingeniero de la palabra que se inventó la denominación?”.

Y es que la tesis política y policial esgrimida para el desalojo, en plena jornada de huelga general, sostenía que el banco ocupado había sido el epicentro armado de la guerrilla urbana. Sin embargo ningún atestado policial ni diligencia judicial refiere hoy prueba alguna en ese sentido. Prueba de ello es que tras el desalojo, las 19 personas que se hallaban en el interior sólo fueron identificadas y ninguna detenida. Es una operación jurídicamente ilegal, ya que el Juzgado de Instrucción número 1 sólo autorizó, telefónicamente, la entrada en el edificio, pero nunca su desalojo. Después, “el arsenal de guerrilla” nunca apareció y se limitó a una única garrafa de gasolina nunca utilizada. Garrafa que, paradójicamente, es la prueba que aduce la propiedad del banco para demostrar que daba uso a un edificio vacío hace 5 años: la garrafa alimentaba el generador eléctrico que tenían contratado. Hoy del proceso por la ocupación del banco quedan 19 personas imputadas por un único delito de usurpación. Mientras “guerrilla” y “arsenal” se han desvanecido del sumario judicial. Aunque la criminalización sigue atizando la lógica inquisitorial: fuentes judiciales han confirmado que mandos de los Mossos tenían diseñada una vasta macrooperación posthuelga que finalmente no se ha materializado.

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Campaña por la libertad de expresión
S. DE CASTRO, KAOS EN LA RED Tras los incidentes ocurridos el 29 de septiembre, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp, proponía el cierre de aquellas webs que, según ella, hacen “apología de la violencia”, citando a diversos medios como Kaos en la Red. El 5 de octubre, Escarp pedía a la Fiscalía la investigación de las webs citadas. Paralelamente, los medios de comunicación de masas comenzaban su escalada de criminalización de los antisistema.

Un proceso que llegaba a su punto culminante cuando el día 9 de octubre el Telediario de RTVE emitía un reportaje en el que utilizaba expresiones como “guerrilla urbana” o “terrorismo de baja intensidad” para referirse a las acciones de los grupos alterglobalización en Barcelona, a la vez que mostraba imágenes de webs como Kaos en la Red, Indymedia Barcelona, Alerta Solidaria y La Haine. La campaña lanzada por Kaos en la Red a favor de la libertad de expresión ha encontrado el apoyo de miles de personas y organizaciones, incluido el Sindicato de Periodistas de Catalunya. Por otro lado, el 19 de octubre fue presentado un manifiesto firmado por más de 120 profesores y profesoras de distintas universidades catalanas que denuncia “la actual política de criminalización de los movimientos sociales”.

Frenar las iniciativas futuras
La campaña de criminalización es también un golpe político y policial lanzado contra una agenda intensa para los movimientos sociales. La Asamblea de Barcelona y el Moviment del 25 de setembre, dinamizadores de la huelga de ‘los invisibles’, realizaron el 14 de octubre, con la participación de más de 300 personas, una asamblea de valoración de la huelga, desde donde se ha impulsado un calendario movilizador ante la campaña electoral.

Además, en sinergia con el movimiento feminista, gay y lésbico y ateo, han declarado los días 6 y 7 como jornadas de lucha contra la visita papal. Protesta que irá acompañada por una huelga parcial en los autobuses de Barcelona, convocada por la CGT y anunciada en rueda de prensa por Josep Garganté, el 20 de octubre. Este dirigente sindical de la CGT fue detenido el jueves 14 por agentes de paisano de los Mossos, cuando acababa su turno como conductor de autobuses y se dirigía a una asamblea.

La detención partía de la denuncia de un trabajador de TV3 que le acusaba de haber roto su cámara. Pero en los vídeos entregados a la justicia, no se ve que Garganté participase. El sindicalista salió en libertad al día siguiente con cargos genéricos por desórdenes y daños.