Hay quienes intentan encontrar la explicación al fenómeno de la corrupción en Baleares en la reciente herencia caciquil de este pueblo que, en menos de una generación, ha pasado de ser una sociedad rural a convertirse en el motor del sector turístico en el país. No en vano, por las islas pasan anualmente más de 18 millones de turistas, más o menos el 20% del turismo nacional. Esto ha significado, en muchos casos, que el poder económico tienda a mezclarse con el político, y ha dado lugar a la creación de toda una clase de gobernantes que carecen del sentido de la ética y la responsabilidad pública.

Transparencia y honestidad

A medida que los medios de comunicación han sacado a la luz las distintas tramas de corrupción de numerosos políticos baleares, encabezados por el ex president del Gobierno balear Jaume Matas, la población de las islas ha tomado cartas en el asunto. Gracias a su presión, han forzado varias dimisiones. Se han sucedido, desde el 12 de diciembre, dos grandes manifestaciones y una concentración espontánea, todas ellas con un grado de participación social mayor de lo esperado. Entre las exigencias más inmediatas destacan la necesidad de una profunda regeneración que dignifique y proteja estas mismas instituciones del fenómeno de la corrupción y que acabe con la impunidad. También piden a los partidos que pidan perdón públicamente y que devuelvan a la ciudadanía la ilusión y el interés perdidos por los asuntos públicos, “haciendo de la transparencia y la honestidad los puntales de su gestión, promoviendo políticas de participación ciudadana real que contemplen la capacidad de hacer propuestas y de participar en las decisiones y en los instrumentos de control de la acción pública”, como explicaba la Plataforma contra la Corrupción y a favor de la Dignificación de la Democracia, el 20 de marzo ante unas 5.000 personas. Algunos de estos casos, que investigan los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, son los del Palma Arena, en el que está acusado Matas, o el de Andratx. Estos fiscales pueden desarrollar su tarea gracias a que los miembros de la nueva legislatura les facilitaron las cuentas de las auditorías llevadas a cabo por sus antecesores. Hay más de una docena de casos, en los que cabe resaltar que la mayoría de imputados son del PP y de Unión Mallorquina (UM), un partido bisagra que, en un breve intervalo de tiempo, ha pasado de colaborar con los populares a hacerlo con los socialistas, y viceversa.

12 DE DICIEMBRE. Imagen de la primera marcha contra la corrupción. La pancarta hace alusión a Maria Antònia Munar, de UM.

PELOTAZOS URBANÍSTICOS EN LAS BALEARES

ANDRATX. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo (PP), el director de Ordenación del Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Massot, y un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas en noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad imputa, a los tres primeros, delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.

SANTA MARGARITA. El alcalde de Santa Margarita, Antoni del Olmo (PP), se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

PALMA ARENA. En la construcción del pabellón polideportivo Palma Arena hubo un desfase presupuestario de más de 62 millones. La Fiscalía Anticorrupción centra su principal acusación en la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado, a petición del juez José Castro, por los actuales responsables del consorcio para la construcción del velódromo.

CONSELL DE MALLORCA. Una de las causas más importantes tiene su origen en las subvenciones concedidas por el Consell insular de Mallorca, presidido por una dama de hierro de la política balear y líder de UM, Maria Antònia Munar, que recientemente dimitió de su cargo debido a la presión ciudadana. Por orden del juez de instrucción Juan Manuel Sobrino, el grupo de blanqueo de dinero de la Policía Nacional rastrea las cuentas y el patrimonio de todas las entidades que han recibido subvenciones de la administración insular.

LA AUTOPISTA MATUTES. En Ibiza, el asunto más controvertido no es objeto, por ahora, de investigación penal, pero sí de numerosas demandas por lo contencioso- administrativo. Se trata de la construcción de una autopista de seis carriles que divide la isla en dos para unir la capital con Sant Antoni, y que elude de las expropiaciones una finca propiedad del ex ministro de Exteriores popular Abel Matutes. Las obras han sido adjudicadas, entre otras, a Fomento de Obras y Contratas, de la que es consejero el propio Matutes. La consejera de Vías y Obras del Consell Insular de Ibiza y Formentera es Stella Matutes, hija del ex ministro. Desde finales de enero, las protestas han ido en aumento. En alguna de las movilizaciones llegaron a participar unas 23.000 personas, la cuarta parte de la población de toda la isla. En ocasiones, el clima se ha crispado hasta el punto de que la policía ha practicado, en estos meses, más de una veintena de detenciones.

OTROS CASOS. En Sineu hay una funcionaria en prisión por desfalco; Ses Salines, con la controvertida casa del ex alcalde de por medio; Inca, donde se investiga el presupuesto exagerado que se creó para sufragar unas bolsas de regalo que podrían esconder el pago soterrado de varias comisiones; y en Montuïri se relaciona una supuesta evasión fiscal con la compra-venta ilegal de 3.000 vehículos.