“Los primeros dos meses de este año 2009 serán recordados como los peores de la política migratoria italiana”. Éste es el tajante balance que hacen asociaciones de migrantes y colectivos sociales. Y es que en los últimos meses la vida política italiana parece girar en torno a la inmigración. El llamado ‘Paquete de Seguridad’, medidas populistas objeto de virulentas críticas nacionales e internacionales (ver DIAGONAL nº 94), es ya una realidad, al haber sido aprobado por el Senado. Las disposiciones que han suscitado más preocupación entre los colectivos sociales son las que obligan a los médicos de atención primaria a denunciar a los irregulares y la legalización de las rondas ciudadanas que, según el texto, “armadas sólo de teléfono celular”, colaborarán con las fuerzas de seguridad en la represión de los crímenes que “provocan más alarma social”. Los efectos sociales de estas medidas ya empiezan a notarse.
Ante el miedo a ser denunciados, en algunas regiones se ha registrado un descenso de hasta un 65% del número de inmigrantes que acuden a los servicios de urgencia. Esto, según el Colegio de Médicos italiano, “vacía de contenido el derecho de toda persona a una asistencia sanitaria gratuita y libre”. Son justamente los médicos, a quienes las nuevas normas quieren convertir en delatores, los que más denuncian su carácter abiertamente discriminatorio y sus previsibles consecuencias.
En cuanto a las rondas ciudadanas, ya habituales en las zonas controladas por la xenófoba Liga Norte, verdadera impulsora de esta medida, serán cada día más frecuentes al contar con la colaboración activa de las fuerzas de seguridad. Aunque el texto afirma explícitamente que no podrán llevar armas, estos colectivos “autoorganizados” ya han sido protagonistas de decenas de actos de violencia contra los que llaman “desviados sociales”. Y esto en un clima de intolerancia y xenofobia que se extiende cada vez más por el país: sólo en las últimas semanas ha habido siete agresiones a inmigrantes.
Mientras, la situación del CIE de Lampedusa, reiteradamente denun- ciado por el hacinamiento y los abusos que sufren los inmigrantes, sigue degradándose. Ante las protestas de los internos (ver DIAGONAL nº 95) la primera medida adoptada por el Gobierno italiano ha sido la de expulsar a casi 1.000 de los 1.800 reclusos del centro. Todos ellos fueron repatriados a Túnez. Diferentes organizaciones italianas han denunciado que, en base a los datos ofrecidos por el propio Gobierno, éste ha optado por expulsar también a Túnez a ciudadanos de otros países. Según las mismas asociaciones, éste habría sido el verdadero desencadenante de la revuelta de los inmigrantes y del incendio de parte del CIE, el pasado 18 de febrero. La protesta fue aplastada tras una intervención policial que dejó un saldo de 24 heridos. Pocos días antes, el 7 de febrero, 20 inmigrantes habían intentado suicidarse ahorcándose con sus propias ropas. Ante estos sucesos, la magistratura de Agrigento, con competencia sobre Lampedusa, ha decidido iniciar una investigación.
Pero también en este caso el Gobierno italiano ha optado por la línea dura: el recién aprobado ‘Paquete de Seguridad’ ha sido complementado con un decreto urgente de medidas excepcionales en materia de seguridad pública. Este decreto incluye una disposición por la que se aumenta el plazo de detención en los CIE de los actuales dos meses hasta seis meses.
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