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ASOCIACIONES PIDEN QUE SE RACIONALICE SU INSTALACIÓN

Antenas camufladas, información oculta

La Administración facilita el despliegue de miles de antenas camufladas sin apenas información ni control. Mientras, las empresas controlan a los medios con su ingente inversión publicitaria.

Alonso Muñoz / Madrid
Domingo 3 de mayo de 2009.  Número 101

La UE consagra el principio de precaución ante posibles peligros para la salud “en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo”. Sin embargo, pese a que hasta ahora no hay informes concluyentes sobre las antenas, la Administración local de quien depende en última instancia esta cuestión tiene un posicionamiento diferente.

Así, la Federación de Municipios y Provincias ha constituido un gabinete “para responder en el ámbito local a la alarma social, tanto desde el punto de vista de la ciencia como desde la comunicación” respecto a las antenas. Además, insta a que en las ciudades, allí donde no llegue la cobertura, se instalen pequeñas antenas a pie de calle (picoantenas) “simulando elementos ornamentales”. Paradójicamente, estas recomendaciones se incluyen en su Código de Buenas Prácticas.

“Las empresas cada vez requieren más antenas para ofrecer servicios como la televisión por el móvil”, advierte Yolanda Barbazán, de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. En su ciudad, Madrid, “han puesto las antenas donde les ha parecido y el Ayuntamiento no ha intervenido para nada”.

Camuflaje y nocturnidad
En todo el Estado español, cientos de asociaciones piden que se racionalice la instalación de antenas y proponen que se prohíba su colocación en los tejados de las viviendas (como en Israel o la localidad vasca de Portugalete). En Toledo se acaba de acordar el traslado de un repetidor a la Academia Militar, pero son numerosos los casos que acaban en los juzgados con sentencias variadas.

Algunos vecinos han llegado a denunciar que operarios sin distintivos y de noche han puesto picoantenas en fachadas de comercios. Otras empresas ofrecen camuflajes en forma de chimeneas o árboles. El colectivo vallisoletano Avaate denuncia además que muchas picoantenas son clandestinas y piden más controles. Sin embargo, en el año 2007 el Ministerio de Industria sólo realizó mediciones en 149 “emplazamientos sensibles” de todo el Estado. El problema es que pocos parecen estar dispuestos a renunciar al móvil o el wifi y si se reducen las antenas, las que quedaran deberían emitir con más potencia.

Frente a esto, los operadores tienen una estrategia clara basada en los maletines: ya están ofreciendo 18.000 euros anuales a las comunidades de vecinos por poner una antena. “Una miseria en comparación con los beneficios que dan”, apunta Barbazán. Así debe ser, porque Telefónica, Vodafone y Orange figuran entre las diez empresas que más gastan en publicidad, y en 2008 las dos primeras fueron las únicas que aumentaron su inversión a pesar de la crisis, según los datos del sector recién publicados por Infoadex.

Puede ser la explicación para que en 2002 TVE se negara a emitir un documental encargado por Documentos TV en el que el consejero delegado de Telefónica Móviles, Javier Aguilera, se fue de la lengua: reconoció como “indiscutible” que el uso del móvil es un factor de mortalidad incluso para los que no lo usan. “Pero joder, el mundo es como es”, concluía. El documental, Contra corriente, se puede ver en internet, en el enlace que aparece a continuación.

El último informe de la UE
A principios de abril, el Parlamento europeo aprobó un informe no vinculante sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos. El texto reclama que las antenas de telefonía móvil o las redes eléctricas de alta tensión se instalen a una distancia mínima de escuelas, residencias de ancianos o centros de salud y que se publiquen mapas con los niveles de exposición a estas ondas. El informe pide también que se revise el fundamento científico y los límites de exposición a las ondas electromagnéticas fijados en 1999. Se “deplora” asimismo que la publicación de los resultados de Interphone, el mayor estudio epidemiológico internacional sobre la relación entre el uso del móvil y ciertos tipos de cáncer se lleve aplazando desde 2006. También pide a los Estados que reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica.

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