Tras once años de cultivo continuado de organismos genéticamente modificados (OGM) en Aragón, la situación continúa siendo dramática. Aragón ha sido desde el principio pionera en el cultivo de maíz transgénico, con una fuerte apuesta por parte del Gobierno socialista. Pero es con el actual consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé, cuando más peso han cobrado estos cultivos.

El consejero ha apostado siempre por una agricultura industrializada y transgénica en detrimento de la agricultura y del desarrollo agroecológico.

En 2008, en Aragón se cultivaron 79.269 hectáreas de maíz, de las cuales 31.857 eran de variedades transgénicas (inscritas en el registro de variedades comerciales), pero a esto hay que añadir todos los campos experimentales que tienen autorización en Aragón. En estas tierras se están estudiando tanto variedades comerciales como variedades no comerciales, no permitidas actualmente en Europa. Variedades como la NK 603 X MON810 que son resistentes al Roundoup (glifosato), producto estrella de Monsanto y el herbicida más vendido en el mundo.

Esta nueva línea de manipulación genética, es decir, las variedades resistentes a los herbicidas totales, son la verdadera apuesta del desarrollo transgénico. Variedades de maíz resistente a unos determinados herbicidas, que casualmente venden las mismas casas que venden la semilla. Es una nueva forma de esclavitud del mundo rural. De hecho, el 70% de las modificaciones genéticas que se llevan a cabo actualmente en el mundo están destinadas a resistir herbicidas.

Contaminación probada
La situación en Aragón se complica para los agricultores. En los últimos cinco años, este territorio ha pasado de ser el principal productor de maíz ecológico del Estado español, a no tener prácticamente ningún agricultor que siembre este cultivo. Esto es debido a las continuas contaminaciones que han sufrido los maíces ecológicos por parte de los cultivos transgénicos: todos los años aparece más del 50% del maíz ecológico contaminado. Lo más duro de estas contaminaciones, denuncian los grupos campesinos y ecologistas, es que en ningún caso el Gobierno se haya hecho cargo y han tenido que ser los agricultores ecológicos quienes han sufragado el coste económico y agronómico que supone una contaminación de este tipo. Ante la indefensión, los agricultores han optado por el abandono de este cultivo. La situación se agrava cuando los agricultores contaminados han intentado denunciar los casos y se han dado cuenta de que no hay una base legal para poder llevar a cabo esa denuncia.

Desde los diversos grupos antitransgénicos que existen en Aragón se exige al Gobierno que prohíba estos cultivos, como ya ha pasado en países como Francia, Austria, Luxemburgo, Italia, Grecia, Polonia y, recientemente, Alemania. Estos mismos grupos denuncian el sinsentido que supone que la UE esté prohibiendo los OGM por sus riesgos para la salud y el medioambiente, mientras Aragón los está potenciando desde la consejería de agricultura y el consejero Arguile sigue haciendo oídos sordos a los informes científicos que advierten de las graves consecuencias de los alimentos transgénicos.