
En una reunión conjunta celebrada el 23 de octubre en Bratislava, los ministros de Defensa de la OTAN –incluida la delegación española– mostraron un “amplio apoyo” a la estrategia diseñada por los EE UU para el futuro inmediato de Afganistán, según admitió el secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen. A pesar de que ningún representante europeo ha querido hacer declaraciones respecto a nuevos envíos de tropas, los planes de contrainsurgencia y entrenamiento de fuerzas locales, que expuso en persona el general McChrystal, implicarían el uso de hasta 80.000 nuevos soldados. En declaraciones posteriores a la cumbre, el delegado especial de la ONU para Afganistán, Kai Eide, afirmó que “ésta no puede ser una operación exclusiva de los EE UU, se necesitarán más tropas internacionales”. Este argumento contó con el respaldo pleno de Fogh Rasmussen, quién apuntó el mismo día 23 que para implementar la nueva estrategia “se necesitarán recursos humanos y económicos, más allá de contar con un buen plan”.
Tras la reunión, la ministra Carmè Chacón calló también a propósito del aumento del contingente militar destacado en Afganistán, aunque ya en julio el presidente Rodriguez Zapatero afirmó en entrevista al New York Times su voluntad de “sostener una presencia más numerosa” en Afganistán “si hubiera necesidad de ello”.
En este sentido, el Congreso acaba de aprobar el envío de los 250 nuevos soldados solicitados por la ministra en el mes de julio, y queda pendiente la partida prometida de 40 guardias civiles para labores de formación policial, a pesar de la oposición manifestada por colectivos del instituto armado. El despliegue español ya cuenta con 1.550 efectivos militares, de los cuales 850 están destacados de modo permanente en la que es la operación más cara de las que afronta el Estado español en la actualidad.
Según informaba elmundo.es, Defensa se gasta en Afganistán 364 millones de euros al año, algo más de la mitad del coste global de todas las operaciones en las que está implicado el Ejército español.
Elecciones forzosas
El 20 de octubre, tras varias jornadas
de intensas presiones diplomáticas
y amenazas de retirada del apoyo
internacional, el presidente Hamid
Karzai aceptó la convocatoria de
una segunda vuelta de elecciones. El
anuncio llegó en medio de un contexto
de creciente deslegitimación internacional,
derivada de las evidencias
de fraude en los comicios del 20
de agosto que se han ido filtrando a
la opinión pública a través de varias
comisiones de control electoral supervisadas
por la ONU. El alcance de
la erosión del perfil público de Karzai
llevó hace sólo dos semanas a fuentes
de la Casa Blanca a asegurar que
“no se podría considerar el envío de
más tropas hasta contar con un socio
creíble en Afganistán”.
Aunque diversos líderes occidentales como Gordon Brown o Nicolas Sarkozy se mostraron satisfechos con la decisión, alabando al presidente afgano por sus “cualidades de estadista”, el delegado de la ONU en Afganistán admitió en The Sunday Telegraph “que se puede hacer poco para evitar el fraude, también en esta segunda vuelta”.
Situación en Pakistán
El 17 de octubre, el Ejército pakistaní
lanzó una campaña terrestre contra
posiciones talibanes en la provincia
de Waziristán del sur, que ya ha desplazado
a 155.000 civiles lejos de sus
hogares, una cuarta parte de la población
de la zona. La operación está
siendo apoyada desde el aire por
aviones no tripulados del Ejército estadounidense.
Al menos 44 personas han muerto en dos tentativas diferentes de asesinato selectivo contra dirigentes talibanes, los cuales escaparon en ambas ocasiones, según informaba The Guardian el día 24. Las operaciones se pusieron en marcha tras una campaña de atentados con bomba acometida por los talibán en la zona noroeste del país, que acabó con la vida de 200 personas en las últimas tres semanas.
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