La opinión pública de México, a la que no faltan temas alarmantes e imperiosos, se sacude desde que el pasado 12 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó liberar, por “errores en el procedimiento penal”, a 20 paramilitares del grupo que perpetró la masacre de Acteal, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Los “inmediatamente” liberados, identificados como miembros del grupo armado que realizó la masacre, llevaban en prisión 11 años, ni la mitad de su condena.

Aquel crimen conmovió al mundo. Se pronunciaron por la aplicación de justicia hasta los presidentes de Estados Unidos y Francia y el papa que vivía en Roma. En México, la crisis del Estado fue tal que cayeron el gobernador de Chiapas, el negociador federal y una cadena de funcionarios y mandos policiacos. El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, fue el último fusible quemado antes del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, los dos únicos que se libraron.

Así de alto caló el crimen, que lo fue de Estado, como se documentó y denunció reiteradamente aún antes de la masacre. En el municipio tzotzil de Chenalhó, desde mayo de 1997 se había desatado una ofensiva paramilitar clásica contra el municipio autónomo zapatista San Pedro Polhó y organizaciones aliadas, como Las Abejas (pacifista y vinculada a la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas, entonces un enclave importante de la teología de la liberación latinoamericana que tanto incomodaba al Vaticano).

Tras el levantamiento del EZLN en 1994, el zapatismo se había extendido por el territorio indígena de Chiapas, y el Gobierno estableció un plan de guerra encubierta en su contra. Pero las evidencias de su existencia estuvieron al alcance desde el primer momento. Había más de 10.000 desplazados.

Predominaba la certidumbre de que la masacre, imprevista y dolorosa, había sido anunciada muchas veces, de muchas maneras, en los meses y semanas anteriores. Sólo el Gobierno negaba que existiera algo más que “conflictos agrarios” (que después de la masacre se llamarían “intra e intercomunitarios”). En Chenalhó, como otras regiones de Chiapas, se desarrollaba una guerra irregular contra la resistencia zapatista y sus aliados, alimentada por los “programas sociales” oficiales, y diseñada desde la ocupación militar que se asentó en las comunidades indígenas desde 1995, y después de Acteal se extendió todavía más. La masacre fue preámbulo de una ofensiva mayor que avanzaría posiciones y plantaría campamentos en todo Chenalhó.

Al dictaminar la Corte la liberación de los paramilitares, avanza la consolidación de la impunidad para los autores intelectuales del considerado internacionalmente “crimen de lesa humanidad”. Pero también se reabre una herida nacional que 12 años después no ha cerrado, y con ello se renueva la demanda de castigo para el gobierno genocida de Ernesto Zedillo y sus cómplices.