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“Tras 9 años de lógica enloquecida, encarcelamientos injustificados y el mismo proceso como castigo (9 años, 3.285 días, 80.000 horas y 5 millones de minutos de espera) os enviamos este e-mail, el correo electrónico que deseabamos escribir hace 5 millones de minutos”. Con estas palabras anunciaba una plataforma de apoyo a la desobediencia civil y de apoyo a los encausados del macrosumario 18/98 la absolución de 8 de los 9 condenados a penas de 9 y 10 años de prisión en la ’pieza desobediencia civil’. La absolución es firme desde el 29 de abril.
Los absueltos por este auto son: Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga, Olatz Altuna, Mikel Aznar , Fernando Olalde, Iñaki O’Shea, Mikel Zuloaga, Alberto Frías.
Carlos Trenor es el único imputado en la pieza que sigue encarcelado, posiblemente al quedar condenado también en la pieza Orain.
En la vista realizada entre los días 20 y 22 de abril en el Tribunal Supremo para revisar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, la fiscalía solicitó la absolución para siete de los nueve los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe. Todos habían sido condenados en diciembre de 2007 a penas de nueve y diez años de prisión por “colaboración con banda armada”.
Además de pedir la absolución de Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga, Alberto Frías, Olatz Altuna, Miguel Aznar y Fernando Olalde, todos ellos actualmente en libertad, el fiscal Juan Ignacio Campos solicitó también la no condena para Mikel Zuloaga, autor del documento Piztu (Encender), en paradero desconocido desde hace 16 meses, al entender que no hay motivos para condenarle. Respecto a los encarcelados Carlos Trenor e Iñaki O’Shea, también imputados en esa pieza, el fiscal mantiene penas de prisión (15 y ocho años respectivamente) al atribuirles otros supuestos delitos vinculados con la revista Ezpala y la empresa Orain, editora del clausurado diario Egin.
La petición fiscal enmienda así la totalidad de la operación ordenada por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2000. Tras nueve años, ha sido la propia fiscalía quien ha señalado que la fundación nació en 1995 para dinamizar el movimiento popular vasco y que “ha realizado esa labor desde entonces”. El mismo fiscal adujo “problemas técnicos importantes” en las acusaciones contra la Fundación y recordó que no fue ilegalizada ni disuelta por lo que “se le hacía difícil la condena a esta asociación”. Incluso señaló que la Fundación Joxemi Zumalabe, que promueve la desobediencia civil, “cumplía sus objetivos de buscar apoyos a los movimientos populares del País Vasco entre el sector juvenil”. Sólo la AVT mantuvo la petición de penas impuesta por la Audiencia Nacional. La fiscalía también ha pedido la absolución de Natale Landa, condenada a 11 años en la pieza ‘Ekin’.
Con todo, el fiscal ha mantenido la tesis oficial de que “todo es ETA” y se ha limitado a solicitar rebajas de pena de dos y tres años para 30 de los 47 condenados aduciendo que se les aplicó el máximo castigo previsto sin motivación razonada. Coincidiendo con el inicio de la revisión de la sentencia, fue hecho público un manifiesto que reclama la no equiparación de la desobediencia civil con delitos de terrorismo.
500 personas y 50 organizaciones han firmado una declaración, impulsada por más de un centenar de insumisos al servicio militar obligatorio y respaldado por activistas antimilitaristas del País Vasco, Navarra, Valencia, Aragón, Andalucía, Madrid y las Islas Canarias. Particular mención merece la solidaridad catalana. La práctica totalidad de su movimiento pacifista ha suscrito el manifiesto, junto a, entre otros, personalidades de la cultura y de cuatro diputados catalanes. El texto rechaza todo el proceso judicial y denuncia la incongruencia procesal, la falta de pruebas y la adulteración de los peritajes.
Los promotores de esta iniciativa han recibido con cautela la petición fiscal y esperan, para hacer valoraciones, a la sentencia del Supremo, prevista para antes del verano.
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