Fotomontaje: Sancho Somalo.

Movimientos sociales de diferentes países, entre ellos España, pero también en EE UU, Portugal, Grecia y Alemania, han decidido presentar querellas contra las agencia de calificación de la deuda en sus respectivos países. Estas agencias son empresas privadas cuyos nombres son repetidos hasta la saciedad en los medios (Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s), e influyen en las políticas económicas de países enteros. Sus informes determinan, en principio técnicamente, el riesgo de impago de la deuda pública de los Estados y de las empresas privadas, lo que les otorga un gran poder, ya que pueden provocar el desplome de una economía nacional sin asumir ninguna responsabilidad. “Es necesario que aquellos que se amparan en el cuello blanco y la corbata entiendan que las ‘leyes del mercado’ tienen unos límites. No se puede permitir que toda la economía esté sometida a constantes ataques por parte de especuladores y, al final, que los responsables salgan impunes y, además, con los bolsillos repletos”, afirma Gonzalo Boye, uno de los abogados que lleva el caso en el Estado español.

La base son los artículos 284 y 285 del Código Penal español
La querella española, que ya ha sido admitida a trámite, fue presentada el 25 de febrero contra los responsables en nuestro país de las citadas agencias por el Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals, y a ella se han adherido diversas entidades sociales y ciudadanas como ATTAC y partidos políticos como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. El “conflicto de intereses” y la manipulación de la información son las bases de la querella presentada en relación a los artículos 284 y 285 del Código Penal de nuestro país. Según los demandantes, los principales compradores de deuda pública de los Estados son clientes de las agencias de calificación y sería por ello por lo que estas agencias han desvalorizado la deuda de algunos Gobiernos, a partir de la difusión de información engañosa, con el objetivo de que los inversores obtuvieran mayores intereses con menor riesgo. Su posición oligopólica controla el 90% del mercado, facilita que “controlen” de hecho con sus informes de calificación los mercados financieros.

“Los criterios de elaboración de sus dictámenes son poco claros, poco explicables y, sobre todo, modulables en función de los intereses de estas empresas. No castigan de igual forma la penosa situación de EU UU a como lo hacen con la española que, por cierto, no es tan mala como reflejan”, afirma Boye. “Antes de la crisis ya actuaban así, por ejemplo cuando en 2001 el presidente de Brasil, Lula, subió el salario mínimo en su país estas agencias calificaron la solvencia del país a la baja. Sus calificaciones están claramente politizadas”, afirma Juan Hernández, del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) de la Universidad del País Vasco, que también participa de la querella.

“Se ha dado mucho poder a unas agencias que fueron, en parte, responsables de la crisis, ya que avalaron con supuestos criterios técnicos y valoraciones positivas productos tóxicos (como las hipotecas subprime) para la economía”, afirma Hernández. Cabe recordar que, en el caso de la calificación de la deuda de empresas privadas, son éstas, las calificadas, las que pagan los honorarios a las agencias, con lo que reciben una enorme presión para valorar favorablemente sus productos, como en el caso de las subprime. De este modo, estas agencias asesoraron en la creación de productos financieros que ellas mismas calificaban posteriormente. De hecho, la Comisión Estatal de Bolsa y Valores del Senado norteamericano también ha investigado estos hechos y su principal conclusión es que “esta crisis no habría sucedido sin las agencias de calificación”.