72 horas de hacktivismo y cultura libre

El foro tenía varios objetivos: Crear unas jornadas públicas de debate y reflexión en torno a la propiedad intelectual, redactar una carta de derechos digitales y, por supuesto, conspirar para intentar detener las principipales amenazas a las que nos enfrentamos: el tratado económico ACTA y el Paquete Telecom. En cualquiera de los tres casos solo hay una palabra para resumirlos: un exito, tanto en la organización como en sus contenidos.

Como las jornadas públicas están alojadas en la propia web del evento y no puedo hablaros por el momento de todos nuestros planes, me centraré en la carta de derechos digitales.

Carta de derechos digitales
Vivimos en un momento de perdida de derechos (laborales, de libertad de movimiento, etc...) muy acuciante. Estas batallas están llegando a la red y queríamos revertir la situación mediante la creación de una carta de derechos fundamentales en el mundo digital. En la mayoría de los casos se corresponden a derechos humanos universales, pero que necesitan una traducción para no ser "olvidados" por las administraciones ni los legisladores, como acostumbran. Para poder redactarlos se crearon varias mesas de trabajo, intentaré resumiros algunas de ellas.

Exigencias legales
En esta mesa se trato de conseguir que los derechos de autor en ningún caso pudieran estar por encima de los derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad. Así, con el fin de asegurar el acceso a la cultura y el conocimiento, deben desaparecer las limitaciones que impone el copyright en estos casos. Para ello hay que asegurar el derecho a cita, el derecho de copia privada sin animo de lucro así como la licencia para usar las obras sin restricciones en el ámbito académico, educativo, investigador o satírico. Así mismo no debe haber ninguna obra que recibiendo subvención publica que no lleve una licencia libre, ya que lo que es financiado entre todos debe pertenecernos a todos.

Exigencias en el campo de la educación
La educación es un ejemplo de compartir conocimiento y por ello no podemos poner restricciones a la hora de hacerlo. Para poder conseguir un derecho efectivo a la educación debemos partir de varias premisas. La primera es el uso de software libre y los estandares de comunicación abiertos, ya que en ambos casos se evita crear diferencias que generen estudiantes de primera o segunda clase. Los recursos educativos deben ser libres con el fin de que puedan ser usados, traducidos o adaptados para cualquier otro educador. Eso mismo debe suceder con los resultados de la investigación académica, con el fin de compartir los avances de la humanidad.

Infraestructura libre para una sociedad libre
Actualmente, la mayoría de los proveedores de servicios de internet se están convirtiendo en proveedores de contenidos multimedia. Eso les genera un conflicto a la hora de servirnos una internet libre y ’neutral’, apelativo habitual para referirnos a una red en la que no hay obstáculos artificiales y donde las limitaciones vienen solo dados por el transmisor y el receptor del mensaje. Por esta razón, es necesario que parte de nuestros derechos tengan una correspondencia con la forma en que generamos la infraestructura de internet. Por ello necesitamos que los ciudadanos tengan el derecho a crear redes ciudadanos sin depender de un proveedor (como la red ciudadana guifi.net y espacios en los diferentes rangos de frecuencias para poder tener derecho a emisoras y canales de tv en la actual tdt.

Como derechos de los usuarios, estos deben tener derecho a cifrar sus comunicaciones, así como a no revelar las claves ante un juez. Poder mantener el anonimato también debe ser un derecho fundamental porque la privacidad también lo es, ya sea navegando o en el uso de servicios en ‘la nube’. En el caso de las administraciones públicas deben usar software libre, y en caso de que no exista una alternativa libre, deben promover la existencia de una, tanto en sus compras como en las ayudas y subvenciones que concedan. Por último, el estado debe garantizar una conexión mínima gratuita, independientemente del lugar de residencia, con el fin de que todos los ciudadanos tengan el derecho de ejercer sus derechos a través de internet.