El 1 de noviembre de 1988 llegó a la playa de los Lances de Tarifa el primer cadáver de un inmigrante ahogado. En los días sucesivos, otros diez cuerpos fueron recuperados. Otros siete nunca fueron encontrados. Era la primera patera que llegaba a las costas españolas: 23 marroquíes intentaban llegar a Europa por el tramo más corto del Estrecho, tan sólo 14 kilómetros de distancia. Por aquel entonces, el fenómeno de los desplazamientos en pateras todavía no había llamado la atención de la opinión pública y de los gobiernos europeos, aunque con cierta regularidad seguían llegando migrantes a las costas andaluzas, sobre todos provenientes de Marruecos. Fue a partir de finales de los ‘90 cuando los gobiernos europeos empezaron a considerar las pateras como un problema de seguridad para la naciente ‘Europa fortaleza’, poniendo en marcha diferentes dispositivos para el control de las costas con la colaboración y la complicidad de los gobiernos del otro lado del Estrecho. Todo eso obligó a modificar las rutas migratorias: las Islas Canarias se convirtieron en el destino favorito de embarcaciones que salían mayoritariamente de países del África subsahariana, un recorrido aún más largo y peligroso que el anterior. Han pasado 20 años y diferentes asociaciones internacionales calculan que han muerto más de 18.000 personas intentando llegar a Europa. Sólo durante este último año, ha sido comprobada la muerte de 443 inmigrantes en el intento de cruzar las fronteras, aunque, como señalan varios informes, es muy difícil hacer un cálculo exacto de las víctimas. Para conmemorar esta fecha y para recordar todas las muertes que está provocando la política de inmigración europea, organizaciones como la red Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el pasado 1 de noviembre convocaron concentraciones en Tarifa, Huelva, Málaga, Tánger y Larache. Los actos recordaron a todas las personas que han fallecido en el intento de buscar una vida mas digna, para exigir a los gobiernos la adopción de una política europea respetuosa con los derechos humanos y acciones concretas para el desarrollo de políticas económicas y sociales de atención a los países empobrecidos y para “dejar de mirar al otro lado”.