PEDRO IBARRA Catedrático de Ciencia Política (UPV/EHU) Los recientes encarcelamientos muestran una vez más las lacras de la justicia española. Arrogancia, arbitrariedad y ausencia de autonomía. Prepotencia de jueces estrellas que deciden que ellos, y sólo ellos, son capaces de acabar con los ‘malos’. Jueces y magistrados que instruyen y sentencian de acuerdo con las presiones (aunque muchos de ellos desean ser presionados) de gobiernos y grandes partidos. Estos gobiernos que ahora compiten con la derecha para ver quién es más duro. Jueces y magistrados que ilegalizan, encarcelan y condenan desde la arbitrariedad. Que deciden que la disidencia social y política es delito; y que ni siquiera se molestan en buscar pruebas. Para hacerlo les resultan suficientes los informes policiales (que recuérdese son sólo opiniones de un funcionario policial). En este sumario la arbitrariedad alcanza sus más altas cimas en el grupo condenado por su pertenencia a la Fundación Joxemi Zumalabe. El argumento básico de la sentencia consiste en lo siguiente: la Fundación organizó unas jornadas sobre desobediencia civil. Y por aquellos tiempos ETA sacó en su boletín interno un comentario genérico sobre la desobediencia civil como otra forma de lucha (lo cual, proviniendo el comentario de ETA, es un alarde de cretinismo). Y así, los magistrados concluyen que como ETA habla a favor de la desobediencia civil y los de la Fundación organizan jornadas sobre el asunto, pues son todos lo mismo y la Fundación es un apéndice de ETA. Toda una exhibición de racionalidad y rigor científico. Que no nos pase nada.
RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN Ecologistas en Acción (Madrid)
Este juicio político coincide con el inicio del proceso de paz que genera muchas expectativas, pero el atentado de la T-4 cambia el contexto, y el fiscal pide penas muy altas cuando parecía que no iba ser así. Con la ruptura de la tregua en junio, las penas que establece la sentencia, que verá la luz en unos días, son más altas aún que las que pide el fiscal. Es todo un despropósito tremendo. Por ejemplo, con la Fundación Joxemi Zumalabe. Muchos de sus miembros han manifestado su distanciamiento y hasta la crítica a ETA, y tienen un recorrido histórico pacifista,antimilitarista y por la no-violencia. Pero las penas son de nueve años por colaboración con banda armada. Este cambio de clima ha hecho aún más desquiciado el recorrido del juicio, su esencia y su resultado. La Constitución española recoge que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, y éste es un juicio en el que se está sometiendo a valoración jurídica la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad ideológica, los derechos civiles y políticos. Es un reflejo más de una legislación de excepción que se está implantando en todo el mundo, y en concreto en Euskadi. Como reconoce la plataforma de mujeres Ahotsak (Voces para la Paz), todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender. No es la situación que se está dando en Euskadi, sobre todo después de la ruptura del proceso de paz. Hay que situar esto también en los intentos involucionistas que están impulsando sectores del PP, de la derecha más dura y sectores mediáticos. Se están jugando otros intereses políticos y se están reforzando las dinámicas del españolismo. También cuentan las necesidades del capital interesado en un endurecimiento del marco legal para gestionar la gobernabilidad compleja que se avecina. Esto afecta también a los movimientos sociales del resto del Estado, que ven cómo se criminaliza su actividad. Finalmente, es necesario volver a tender puentes entre los movimientos de aquí y de allí, abrir las sensibilidades a esta situación tan compleja.
JOSEMARI RIPALDA Catedrático de Filosofía de la UNED
Es indignante la figura jurídica de “colaborador” de ETA, estirada como chicle, ampliada a la categoría de “dirigente” o extendida a “frente social” de ETA. Lo importante, como se ve, es la asociación, el sintagma con ETA, la proyección del mal absoluto, que todo lo justifica y emborrona. Esas figuras se aplican también a periodistas y profesores, como autores intelectuales, abriendo públicamente la destrucción del pensamiento y de la acción no conformes; y esto incluso con personas bien conocidas por su rechazo de la violencia política; pero ignoradas, ellas y su sociedad, por jueces remotos que carecen del conocimiento, sensibilidad (y voluntad) requeridas para interpretar sus acciones. Esos jueces no dan su fallo “en nombre del pueblo”; son jueces de un tribunal de excepción en suprema lejanía de la gente, porque su función no es hacer justicia, sino proteger a este Estado de tramoya y su “Constitución interna”, como dicen los politólogos, es decir, a su verdadero sujeto, a la oligarquía que fija las reglas y los límites del juego político. La Audiencia Nacional, sucesora del Tribunal de Orden Público, es incompatible con una democracia medianamente digna de ese nombre. Pero, por otra parte, es fiel reflejo de un Estado de derecho (del derecho ‘ad hoc’, del derecho sin justicia). Me uno al modesto coro de voces que reclama la disolución de ese engendro político y judicial.
DAVID GARCÍA ARISTEGUI Asamblea Antimilitarista (Madrid)
A finales del año 2005, diversos colectivos antimilitaristas y otros pertenecientes a distintos movimientos sociales, principalmente de Madrid, difundimos un manifiesto, en el que expresábamos nuestra solidaridad incondicional con los compañeros de la Joxemi Zumalabe, ante un intento flagrante de criminalización de la práctica de la desobediencia civil. Hoy, condenamos el encarcelamiento y pena de siete años de cárcel a los integrantes de la Joxemi Zumalabe, por una supuesta “trama de desobediencia civil” dirigida -no se sabe muy bien cómo- por ETA. Habría que recordar a la judicatura española que son delitos los hechos probados, no las opiniones políticas. Ser nacionalista y/o abertzale no es ser un terrorista ni es equivalente a estar “a las órdenes de ETA”. Es lo que se preguntó durante el juicio Sabino Ormazábal: “¿Se puede ser de ETA o colaborar con ETA sin saberlo?” Y el fiscal asentía con la cabeza. En Madrid, se intentó criminalizar también de manera burda las movilizaciones antifascistas tras el asesinato de Carlos con “conexiones con Batasuna”. Esas burradas que luego nunca se desmienten suficientemente, crean un clima de opinión muy favorable para que haya sentencias, por decirlo de alguna manera, tan sorprendentes como la del 18/98.
“Derecho de guerra”
JAUME ASENS
Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Las detenciones de los procesados
en el macrosumario
18/98 son el claro preludio
de una sentencia que
va representar un antes y
un después en la política
antiterrorista, pero también
en la configuración del actual
Estado de derecho. La
condena supone un espaldarazo
a la “tesis del complot”
(del tipo “todo es
ETA”) elaborada por el juez
Garzón. Para ser considerado
miembro o colaborador
de ETA hasta ahora era necesario
tener relación directa
con la organización
armada, pero después de
la sentencia basta que las
acciones políticas o sociales
se consideren “ayuda”
a los fines de ETA (soberanía
para el País Vasco) para
que éstas sean definidas
como delitos terroristas.
Por tanto, desde esa perspectiva
judicial, ETA ya no
es una organización armada,
sino también el conjunto
de las organizaciones
abertzales. La sentencia
representa la victoria del
populismo justicialista
como nueva modalidad
inquisitiva: la hipertrofia de
la acción judicial sobrecargada
de valores morales y
políticos, donde el terreno
judicial se convierte en el
de la prolongación de la
lucha política por otros
medios. La vida política
queda plenamente supeditada
al ámbito judicial, en
un contexto en el que la
Audiencia Nacional o el
Tribunal Constitucional se
convierten en actores políticos
más decisivos que los
propios parlamentos. La
sentencia también significa
la victoria de la lógica de
excepción propia de una
justicia “en tiempos de
guerra”, en la que aparecen
responsabilidades penales
difusas, absolutamente
incompatibles con
un sistema democrático.
Cuando los objetivos, y no
los medios, son los que se
penalizan -lo que significa
convertir el independentismo
vasco en terrorismo-
se consolida un derecho
penal de autor que persigue
ideologías en vez de
hechos. Un derecho penal
del enemigo propio de los
escenarios marciales del
“derecho de guerra”.
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